La investigación sobre la instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tierra del Fuego tendrá un nuevo capítulo este martes 10 de noviembre, cuando legisladores y especialistas técnicos se trasladen hasta el predio donde se encuentra emplazado el equipamiento para realizar una inspección presencial. La medida cuenta con autorización de la Secretaría de Ambiente provincial y busca determinar las características y el estado operativo de la infraestructura.
La decisión se produce en medio de las reiteradas ausencias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial convocados por la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina. El último episodio tuvo lugar el jueves 5 de noviembre, cuando el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y la exministra de esa cartera y actual titular de Trabajo, Sonia Castiglione, volvieron a no presentarse ante los legisladores. Ambos justificaron su ausencia por compromisos relacionados con sus respectivas funciones.
A estas incomparecencias se sumó la del expresidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), ingeniero Juan Mancini Loiácono, quien tampoco asistió pese a haber sido notificado en su domicilio por personal de la Policía de la Provincia. En el ámbito legislativo trascendió que el exfuncionario se habría radicado recientemente en Córdoba.
Las ausencias reiteradas mantienen abierto el interrogante sobre las autorizaciones ambientales, energéticas y los procedimientos de facilitación aduanera concedidos durante 2022 a la empresa LeoLabs, aspectos centrales de la investigación legislativa.
Autorizan una inspección técnica en el predio de Tolhuin
Ante las dificultades para avanzar con las declaraciones de los funcionarios convocados, la Comisión Especial Investigadora, presidida por el legislador Pablo Villegas (MPF), avanzó con una medida destinada a obtener información directa sobre las instalaciones.
En ese marco, la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego autorizó formalmente un peritaje técnico independiente sobre el radar ubicado en la Estancia El Relincho, dentro del ejido de Tolhuin.
Para participar de la inspección fueron convocados dos profesionales con experiencia en áreas vinculadas a la investigación.
Uno de ellos es el ingeniero Ariel Garbarz, especialista en Electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en Telecomunicaciones por el MEC de España. Se desempeña como perito judicial federal y profesor universitario, y cuenta con trayectoria en seguridad de las comunicaciones, cibercolonización e inteligencia artificial.
Garbarz ha planteado públicamente la necesidad de realizar ingeniería inversa sobre el equipamiento para determinar sus capacidades, su alcance efectivo y la eventual posibilidad de que pueda desarrollar funciones de escucha electrónica encubierta.
También participará el ingeniero fueguino Sergio Raymundo, quien cuenta con antecedentes técnicos e institucionales en el ámbito energético provincial y se desempeñó como director y presidente de la Dirección Provincial de Energía.
La inspección será abierta a los medios de comunicación
La visita al establecimiento rural está prevista para este martes 10 de noviembre, a las 11 horas. Durante el procedimiento, los especialistas y legisladores buscarán examinar las características del equipamiento, verificar el estado operativo de los paneles, revisar los sistemas de alimentación eléctrica y establecer si el dispositivo conserva actividad o capacidad de conexión remota.
Desde la presidencia de la Comisión Investigadora confirmaron que la comitiva podrá estar acompañada por periodistas y representantes de los medios de comunicación, con el propósito de permitir un seguimiento público de la inspección.
El procedimiento representa un avance en una investigación que mantiene bajo análisis la instalación y permanencia del radar de LeoLabs en territorio fueguino. La infraestructura continúa emplazada en la isla pese a los cuestionamientos que despertó su funcionamiento y a las advertencias formuladas por organismos vinculados a la defensa nacional, que señalaron posibles implicancias para la soberanía argentina en el Atlántico Sur.