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Política

Caso LeoLabs: una inspección en Tolhuin constató que no hay suministro eléctrico en las inmediaciones del radar

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La Comisión Investigadora Especial por el caso LeoLabs realizó una inspección ambiental en el predio de la estancia El Relincho, en Tolhuin, donde se constató que no existe suministro eléctrico en las inmediaciones del radar. El relevamiento contó con la colaboración de técnicos de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

La recorrida se llevó adelante el martes 10 de noviembre, a partir de un pedido de los integrantes de la comisión y en el marco de las facultades de control ambiental que tiene la Provincia. Según señaló el presidente del cuerpo investigador, Pablo Villegas, se trató de una intervención que hasta el momento no se había concretado en el desarrollo de esta investigación.

Para realizar la evaluación técnica participaron trabajadores de la DPE de Tolhuin y el ingeniero electrónico Carlos Pane, integrante de la UNTDF. Su colaboración permitió verificar las condiciones del sector y sumar conocimientos especializados al procedimiento.

Villegas destacó el aporte del personal técnico de Energía, que permitió comprobar la ausencia de alimentación eléctrica en las inmediaciones de la instalación. Sin embargo, aclaró que la inspección tuvo algunas limitaciones, ya que la comitiva no pudo ingresar al terreno cercado donde se encuentra emplazado el radar.

«Nos hubiera gustado ingresar para poder, a través de la intervención de este ingeniero, ver algunas otras cuestiones», manifestó el legislador.

Además, consideró que habría sido importante contar con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuya intervención no pudo concretarse.

La investigación busca determinar cómo se autorizó la instalación

Más allá de las limitaciones del relevamiento, Villegas sostuvo que la comisión debe continuar reuniendo información para reconstruir las circunstancias que permitieron la instalación del dispositivo y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos provinciales.

En ese sentido, explicó que la investigación comprende distintas actuaciones administrativas vinculadas con el caso. Entre ellas se encuentran la prestación del servicio eléctrico por parte de la DPE, la autorización ambiental otorgada por el entonces Ministerio de Producción y Ambiente y el permiso concedido a nivel nacional por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la empresa LeoLabs.

El legislador también recordó que el Ministerio de Defensa de la Nación había advertido sobre las implicancias del equipamiento al señalar que «atenta contra la seguridad nacional».

A partir de estos antecedentes, la comisión busca establecer cómo se desarrollaron los procedimientos administrativos que posibilitaron la instalación de un dispositivo de estas características en el interior de la isla.

Otro de los puntos cuestionados por Villegas fue la ausencia de varios exfuncionarios del Gobierno provincial que habían sido convocados para prestar declaración testimonial. Según indicó, esas incomparecencias serán analizadas por los integrantes de la comisión, ya que sus testimonios eran considerados importantes para reconstruir los hechos.

La comisión prepara el informe final

De la inspección también participaron las legisladoras Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, la secretaria legislativa Nadia Luján, funcionarios de la cartera de Ambiente, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia y representantes de medios de comunicación.

Tras finalizar la recorrida, la Comisión Investigadora quedó a la espera de los resultados del relevamiento realizado por la Dirección General de Política y Gestión Ambiental del Ejecutivo provincial. Mientras tanto, continuará con la recopilación y el análisis de la documentación y los elementos incorporados al expediente.

El objetivo de sus integrantes es completar las actuaciones antes del 15 de diciembre y presentar un informe final con las conclusiones de la investigación.

Villegas también adelantó que evalúan convocar a una reunión adicional para avanzar con las últimas medidas pendientes, aunque reconoció que los tiempos disponibles son cada vez más ajustados.

«Se nos están agotando los tiempos y es mucho el laburo que hay que hacer», expresó el presidente de la comisión.

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Política

La CGT Ushuaia marchará al Puerto y a la Legislatura para reclamar por la educación pública

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La jornada de protesta se realizará este martes 17 de noviembre. La concentración comenzará en el Puerto para rechazar su intervención nacional y continuará a las 15 desde la sede de UTHGRA hacia el Parlamento fueguino, donde se retomará el tratamiento de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

La Confederación General del Trabajo (CGT), delegación Ushuaia, convocó a una movilización para este martes 17 de noviembre, con actividades en el Puerto de la ciudad y frente a la Legislatura de Tierra del Fuego.

La primera parte de la protesta estará dirigida a expresar el rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), una medida que lleva casi diez meses.

Posteriormente, la concentración se realizará a las 15 en la sede de UTHGRA, ubicada en Monseñor Fagnano 557. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Legislatura provincial para reclamar la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

Reclamo por el financiamiento educativo

La movilización coincidirá con la reanudación del debate parlamentario sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Melella. El tratamiento y la votación comenzarán a las 11, luego de que la discusión quedara pendiente tras el cuarto intermedio dispuesto por los legisladores durante la última sesión ordinaria.

Desde la central sindical ratificaron su respaldo a la iniciativa y convocaron a participar de la marcha. “Marchamos hacia la Legislatura. Tierra del Fuego necesita hoy más que nunca la Ley de Financiamiento Educativo. La educación pública se defiende en las calles”, expresaron.

El encuentro previo con legisladores

La decisión de movilizarse fue adoptada luego de una reunión realizada el jueves pasado, de la que participaron los legisladores Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, Tomás García, del PJ, y Federico Sciurano, de la UCR, junto con representantes de distintos sindicatos.

Durante el encuentro se analizaron los alcances del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial y las diferentes posiciones existentes en torno a la iniciativa, que todavía debe ser definida en el ámbito legislativo.

Desde la CGT explicaron que el propósito de la reunión era conocer los argumentos de los representantes políticos y sus posturas frente a la propuesta. Además, remarcaron la relevancia de debatir una ley que, según señalaron, involucra al conjunto de la sociedad fueguina.

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Política

Tierra del Fuego destinará más de $105 millones al Fondo Residual para garantizar su funcionamiento

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El Gobierno provincial oficializó una asistencia financiera de $105.663.563,33 para el organismo creado por la Ley Provincial 478. El desembolso se realizará en cuatro cuotas mensuales, entre octubre de 2026 y enero de 2027, y estará destinado a cubrir gastos corrientes y operativos.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó una nueva asistencia financiera al Fondo Residual de la Ley Provincial 478 por un total de $105.663.563,33, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus actividades y afrontar los gastos necesarios para su funcionamiento.

La medida fue establecida mediante el Decreto Provincial 1924/26, fechado el 3 de noviembre de 2026 y publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de la normativa, se ratificó el convenio de asistencia financiera celebrado entre la Provincia y el organismo, que contempla un esquema de cuatro desembolsos mensuales y consecutivos.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Economía, Barrozo Marte, en representación del Gobierno provincial, y por el administrador del Fondo Residual, el abogado Mijail Emmanuel Álvarez.

Un desembolso dividido en cuatro cuotas

Según lo establecido en el convenio, los fondos serán transferidos de manera escalonada, con los siguientes montos:

  • Octubre de 2026: $22.422.526,48.
  • Noviembre de 2026: $22.787.094,39.
  • Diciembre de 2026: $37.037.712,22.
  • Enero de 2027: $23.416.230,24.

La primera cuota será transferida una vez ratificado el acuerdo, mientras que los desembolsos restantes deberán acreditarse entre los días 1 y 10 de cada mes.

Para concretar las operaciones se utilizará la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 126.500/8, perteneciente al Fondo Residual y abierta en la sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.

El destino de los fondos y la situación económica del organismo

El convenio establece que el dinero deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos corrientes y operativos indispensables para el normal funcionamiento del Fondo Residual y el cumplimiento de las responsabilidades que tiene asignadas.

Entre los conceptos contemplados se encuentran las erogaciones relacionadas con su administración, además de las gestiones, diligencias y actuaciones necesarias para desarrollar sus funciones y otros gastos de naturaleza similar.

Como parte de las condiciones de la asistencia, el organismo deberá presentar ante la Provincia una rendición de cuentas dentro de los 30 días corridos posteriores a cada transferencia. El informe tendrá que detallar los gastos realizados, discriminados por concepto e importe, e incluir una descripción de las acciones llevadas adelante.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo provincial justificó el nuevo aporte a partir de la delicada situación económica que atraviesa la entidad, de carácter privado pero bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El propio administrador había solicitado la asistencia financiera al advertir sobre la falta de autosolvencia y la insuficiencia de recursos para sostener las operaciones.

El Fondo Residual fue creado para administrar y recuperar los activos, créditos y bienes que quedaron en manos del Estado tras la transformación del Banco de Tierra del Fuego (BTF) en sociedad anónima.

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Política

Río Grande alertó por la caída de fondos provinciales y su impacto en los servicios municipales

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Durante la presentación del Presupuesto 2027, el Municipio advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa y explicó cómo la reducción de recursos condiciona áreas clave como la salud, el transporte público y la obra pública.

El Municipio de Río Grande enfrenta un escenario económico complejo de cara a 2027, marcado por la disminución de los recursos provenientes de la Provincia. La situación fue expuesta por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, durante su presentación ante el Concejo Deliberante, donde detalló los principales desafíos que deberá afrontar la gestión del intendente Martín Perez.

Menos recursos y mayores dificultades para sostener los servicios

En el marco del análisis del Presupuesto 2027, Díaz informó que hasta el momento ingresó aproximadamente el 65 % de los fondos provinciales previstos para el año. Además, estimó que ese porcentaje podría ubicarse entre el 75 % y el 80 % para diciembre.

Según explicó, la falta de esos recursos obliga al Ejecutivo municipal a reorganizar sus prioridades y podría impedir que algunos programas se completen o incluso lleguen a ejecutarse.

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es la salud pública. El funcionario vinculó la pérdida de puestos de trabajo en la industria con un incremento de la demanda en los centros sanitarios municipales, debido a que numerosas familias dejan de contar con cobertura médica.

Otro de los puntos señalados fue la situación del transporte público, que registra una caída cercana al 26 % en la cantidad de pasajeros.

Obras públicas: una inversión de más de 20 mil millones de pesos

A pesar de las restricciones económicas, el proyecto de presupuesto contempla una inversión de 20.105 millones de pesos destinada al Plan de Obras Públicas, que incluye un total de 37 intervenciones.

Díaz defendió la asignación de esos recursos y sostuvo que las obras permitirán avanzar en la finalización de proyectos que ya están en marcha. También destacó su importancia para sostener la generación de empleo y promover el movimiento económico en la ciudad.

La propuesta para reducir la Unidad Fiscal

En materia tributaria, el Ejecutivo municipal presentó una propuesta para disminuir el valor de la Unidad Fiscal mediante una bonificación del 60 %. De aprobarse, el importe pasaría a $508 durante 2027, frente a los $537,72 vigentes actualmente.

La iniciativa también contempla beneficios para los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

En ese sentido, el secretario de Gobierno aseguró que la política impulsada por el Municipio no busca incrementar los impuestos, sino establecer medidas que acompañen a los vecinos en un contexto económico complejo.

La exposición dejó en evidencia los desafíos financieros que deberá afrontar Río Grande durante el próximo año, con el objetivo de sostener los servicios municipales, continuar con las obras previstas y responder a una demanda creciente en distintas áreas.

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