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Política

Puerto de Ushuaia: Nación aprobó un plan de obras que se extenderá hasta 2028

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La Resolución 69/2026 establece una serie de trabajos para mejorar la infraestructura, la seguridad y la operatividad de la terminal portuaria. El programa incluye reparaciones en los muelles, nuevos espacios para catamaranes, renovación de redes de servicios y mejoras en la playa de contenedores.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó un nuevo plan de obras para el Puerto de Ushuaia, con intervenciones que se desarrollarán entre 2026 y 2028. La iniciativa apunta a corregir las deficiencias detectadas en las instalaciones y garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de la terminal.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 69/2026, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación. La misma disposición establece la continuidad de la intervención administrativa sobre la infraestructura portuaria, que había sido ordenada en enero de este año por un plazo inicial de 12 meses.

El programa contempla trabajos que ya están en marcha, contrataciones en proceso y proyectos previstos para los próximos años. Entre las principales acciones se encuentran el recambio de defensas del muelle comercial, la reparación de distintos sectores de atraque, la ampliación de las redes eléctricas y de agua, y la construcción de nuevos muelles para catamaranes.

Por qué continúa la intervención del puerto

En los fundamentos de la resolución, la ANPYN sostuvo que las condiciones que motivaron la intervención todavía no fueron completamente solucionadas, debido a la magnitud de los problemas técnicos, operativos y de infraestructura identificados.

El organismo recordó que durante el segundo semestre de 2025 había detectado incumplimientos atribuidos a la Dirección Provincial de Puertos. Entre las observaciones mencionó el deterioro estructural del muelle comercial, deficiencias de seguridad y mantenimiento, falencias en el control de la contaminación ambiental y el uso de fondos provenientes de la actividad portuaria para finalidades ajenas a ella.

La continuidad de las medidas adoptadas en enero quedó vinculada al cumplimiento del nuevo plan de infraestructura. La resolución establece que deberán garantizarse los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el respeto de las normas vigentes.

Reparaciones en los muelles comerciales

Uno de los trabajos centrales será el recambio de las defensas del muelle comercial. La obra comenzó en septiembre de 2026 y tiene como fecha estimada de finalización mayo de 2027. Incluye el retiro de las estructuras existentes y la colocación de nuevos elementos para mejorar la absorción de impactos durante las maniobras de atraque.

También se proyecta una reparación integral de los sitios 3 y 5, donde se detectaron problemas en los pilotes, pérdida de verticalidad y desprendimientos. Las tareas contemplan estudios estructurales, reparación o reemplazo de pilotes, refuerzos y adecuaciones del sistema de atraque.

De acuerdo con el cronograma, esta intervención comenzaría en abril de 2027 y finalizaría en marzo de 2028.

Otro sector que será intervenido es el sitio 1. Allí se realizarán trabajos sobre el tablestacado para recuperar la integridad y funcionalidad del frente de muelle. La obra está prevista entre enero y diciembre de 2028.

El plan también incluye la ampliación y reparación de las redes eléctricas y del sistema de provisión de agua en la jurisdicción portuaria.

Nuevos muelles para ampliar la capacidad de los catamaranes

El programa contempla la construcción de nuevos espacios de atraque para catamaranes, con estructuras que incluirán pilotes, pasarelas, plataformas de hormigón y sistemas de amarre.

Además, se incorporarán defensas, conexiones de electricidad y agua potable y elementos de protección contra incendios.

La intervención busca aumentar la capacidad operativa del sector y reducir las dificultades que genera actualmente el amarre de embarcaciones en andana, una modalidad que puede interferir en las maniobras, extender los tiempos de operación y afectar las condiciones de seguridad.

Los trabajos están programados entre enero y diciembre de 2027.

Protección contra incendios y mejoras en los accesos

Otro componente del plan será la instalación de una red de protección contra incendios que abarcará el muelle comercial, el área de catamaranes, oficinas, galpones y depósitos.

El sistema contará con bombas, hidrantes, matafuegos, mecanismos de detección automática y dispositivos de notificación para facilitar las evacuaciones. Su ejecución está prevista para todo 2027.

También se realizarán mejoras en el acceso principal al puerto. Las tareas incluirán intervenciones en la iluminación, las instalaciones eléctricas, los controles de seguridad, las carpinterías, los solados, las barreras y el mobiliario. El cronograma establece un período de ejecución entre abril y octubre de 2027.

Renovación de la playa de contenedores

La playa de contenedores también forma parte del programa de obras. Allí se adecuarán los tableros eléctricos destinados a los equipos refrigerados, conocidos como reefers, y se ampliarán los circuitos y puntos de conexión para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y preservar la cadena de frío de las cargas.

Además, se prevé reparar y reemplazar sectores del cerco perimetral y sus portones, intervenir la carpeta de rodamiento del muelle comercial y repavimentar la playa de contenedores.

Estas tareas contemplan la demolición de los sectores deteriorados, la ejecución de nuevo pavimento, la señalización y la adecuación de los sistemas de drenaje.

El plan incorpora, por último, la instalación de una estación hidrométrica para medir el nivel del agua, una herramienta destinada a aportar información para la actividad portuaria.

Los plazos estarán sujetos a distintas condiciones

La Resolución 69/2026 establece que los cronogramas previstos podrán modificarse según la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de contratación, la coordinación con las operaciones del puerto y las condiciones hidrometeorológicas, entre otras posibles contingencias.

La normativa también dispone adecuar la planimetría de la jurisdicción intervenida a las actividades portuarias que efectivamente se desarrollan y a la integración de los muelles, las áreas terrestres de apoyo y los espacios acuáticos vinculados con la operatoria.

Con un programa de obras que se extiende hasta diciembre de 2028, Nación busca avanzar en la recuperación de la infraestructura del Puerto de Ushuaia y mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

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Política

Nación extenderá por tiempo indeterminado la intervención del Puerto de Ushuaia

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió mantener la intervención del Puerto de Ushuaia sin establecer una fecha para su finalización. La restitución de la administración a la Provincia quedó condicionada a la ejecución de un plan de obras y al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y operativos.

La decisión fue adoptada luego de una evaluación sobre el estado de las instalaciones. Si bien el organismo nacional reconoció que hubo avances desde el inicio de la intervención, en enero de 2026, consideró que todavía persisten deficiencias estructurales, operativas y de seguridad que impiden devolver el manejo de la terminal marítima a la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

De esta manera, el organismo provincial continuará apartado de la conducción del puerto, mientras las autoridades nacionales mantienen el control y supervisan las condiciones necesarias para una eventual restitución.

Qué exige Nación para devolver el manejo del puerto

Desde la ANPYN señalaron que se registraron mejoras en determinadas áreas, aunque entendieron que los avances todavía no son suficientes para levantar la intervención ni garantizar el funcionamiento de la terminal bajo los estándares técnicos y normativos exigidos.

Por ese motivo, la devolución de la administración provincial dependerá de la concreción de las obras y adecuaciones que establezca el organismo nacional. Hasta el momento, no se fijó un plazo para completar esos trabajos ni una fecha estimada para que la Provincia recupere el control.

La decisión coincide con el inicio de la temporada de cruceros

La continuidad de la intervención se conoce en los primeros días de la temporada de cruceros 2026/2027, para la que se prevén más de 600 recaladas de buques de pasajeros en el puerto fueguino.

En este contexto, la terminal marítima continuará bajo administración nacional durante el desarrollo de una de las etapas de mayor actividad turística para Ushuaia, mientras se mantienen las exigencias para avanzar hacia una eventual restitución a la Dirección Provincial de Puertos.

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Política

Pablo Villegas cuestionó los nuevos impuestos para financiar la educación en Tierra del Fuego

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El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, expresó su rechazo a la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, recientemente aprobada en Tierra del Fuego. Según planteó, el Gobierno de Gustavo Melella optó por crear nuevas cargas tributarias para obtener recursos, aunque advirtió que el impacto económico terminará trasladándose a los ciudadanos.

“¿La solución del Gobierno? Más impuestos. A Camuzzi le cargan un 3,4 por ciento adicional y al Banco de Tierra del Fuego (BTF) otro 3%. Después, esos costos los terminamos pagando todos, incluso los docentes”, manifestó el legislador.

Críticas al gasto público y a la política educativa

Villegas también cuestionó que la nueva normativa no incluya cambios en la estructura del Estado ni medidas para revisar el gasto público. En ese sentido, sostuvo que continúan funcionando estructuras estatales que demandan importantes recursos sin que eso se traduzca, a su criterio, en mejoras concretas para la población.

“Mientras tanto, siguen intactas las estructuras estatales que consumen miles de millones sin mejorarle la vida a nadie”, afirmó.

Por otra parte, el representante del MPF puso en duda que la aprobación de una ley de financiamiento alcance para resolver los problemas del sistema educativo provincial. Para respaldar su postura, hizo referencia a los antecedentes de la legislación fueguina y a las jornadas escolares que se perdieron durante los paros impulsados por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

“Desde 1992 sabemos que las leyes no garantizan clases. Y ninguna ley devuelve el 60% de los días de clases que perdieron nuestros chicos”, expresó.

El reclamo al Gobierno de Melella

En el cierre de su cuestionamiento, Villegas responsabilizó a la administración provincial por la situación educativa y criticó que la respuesta para financiar el sistema consista en incorporar nuevos impuestos.

“El Gobierno no se hace cargo de su fracaso: lo financia con el bolsillo de los fueguinos”, concluyó.

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Economía

Tierra del Fuego aprobó nuevos impuestos al banco provincial y al gas para financiar la educación

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La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una nueva ley de financiamiento educativo que establece dos cargas tributarias sobre la actividad bancaria y la distribución de gas natural. La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, busca generar recursos para sostener el sistema educativo provincial y atender parte de los reclamos salariales y de infraestructura planteados por los docentes.

La aprobación se produjo después de una votación ajustada que terminó empatada 7 a 7 y debió resolverse mediante el doble voto de la presidenta de la Legislatura, María Victoria Vuoto.

La norma establece una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural, actividad que en la provincia está a cargo de Camuzzi Gas del Sur, y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

El proyecto había sido presentado como parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que protagonizó una medida de fuerza de 46 días, con paro y acampe, en reclamo de mejoras salariales y respuestas para el sector educativo.

La decisión también abrió una discusión sobre la política tributaria provincial, ya que avanza en sentido contrario al planteo del Gobierno nacional, que viene reclamando a las jurisdicciones una reducción de Ingresos Brutos. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó en distintas oportunidades a ese tributo como uno de los más perjudiciales para la actividad económica.

Cómo se aprobó la nueva ley de financiamiento educativo

La sesión se desarrolló con el gobernador fuera de la provincia y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo. La conducción del debate legislativo quedó en manos de María Victoria Vuoto, quien debió desempatar luego de que la votación terminara igualada.

De los 15 integrantes de la Legislatura, participaron 14. Uno de los movimientos determinantes fue el cambio de postura de Laura Colazo, del Partido Verde, quien semanas atrás había acompañado la decisión de quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto oficial.

Después de votar a favor, la legisladora explicó que había recibido información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego. De todos modos, reconoció las limitaciones de la iniciativa y sostuvo que «esta ley no es la panacea».

La legislación crea dos mecanismos específicos para reunir y distribuir los recursos destinados al sistema educativo.

Qué impuestos se aplicarán y cómo se distribuirán los fondos

El primero es el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se financiará mediante la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos aplicada a la actividad de distribución de gas natural.

La distribución de esos recursos quedó establecida de la siguiente manera:

  • 40% para el mantenimiento y la construcción de infraestructura escolar.
  • 60% para obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.

El segundo instrumento es el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y con afectación exclusiva al área educativa. Su principal fuente de ingresos será el adicional del 3% aplicado a las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego.

También recibirá el 40% de los recursos del Fondo Provincial de Infraestructuras y otros ingresos, entre ellos una parte de la recaudación proveniente de los revalúos del impuesto inmobiliario rural, las utilidades de empresas estatales, Terra Ignis Energía S.A. y futuros recursos vinculados con el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.

La ley establece una distribución orientativa de los fondos: un 40% para salarios docentes, otro 40% para infraestructura educativa y el 20% restante para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tendrá facultades para modificar esa distribución.

Las críticas por el posible traslado de los nuevos impuestos a los usuarios

Desde que el proyecto ingresó a la Legislatura en septiembre, las nuevas cargas tributarias fueron el principal punto de controversia entre oficialismo y oposición.

En octubre, Melella había defendido la decisión de aplicar el gravamen a la distribuidora de gas y cuestionado que esa actividad no estuviera alcanzada por una carga similar a la que afrontan otros sectores económicos.

Tras la aprobación, el gobernador volvió a respaldar la iniciativa y rechazó que se trate de un aumento impositivo generalizado.

«No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo», afirmó.

Desde la oposición, en cambio, advirtieron que los nuevos costos podrían terminar repercutiendo sobre los usuarios y consumidores. El legislador Villegas cuestionó tanto el gravamen sobre Camuzzi como el adicional aplicado al banco provincial y sostuvo que, en definitiva, la sociedad podría terminar afrontando las consecuencias.

En la misma línea se expresó Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, quien puso en duda que se cumpla la prohibición de trasladar los nuevos tributos a clientes y usuarios.

«No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía», manifestó.

El radical Federico Sciurano, quien votó en contra, también había advertido que las cargas podrían afectar a los mismos sectores que la ley busca beneficiar. Si bien reconoció la importancia de contar con una normativa de financiamiento educativo, cuestionó especialmente el adicional sobre el Banco de Tierra del Fuego y señaló que los empleados públicos podrían terminar soportando parte del incremento.

Por su parte, Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, planteó dudas sobre quién absorberá finalmente el costo del 3% aplicado a la entidad bancaria: si será el propio banco o si terminará trasladándose a sus clientes.

Después de la sanción, calificó la norma como «una cáscara vacía» y consideró que representa una salida política frente a los 46 días de conflicto docente.

El cruce entre el Gobierno provincial y La Libertad Avanza

La aprobación de la ley también profundizó las diferencias entre la administración de Melella y los representantes de La Libertad Avanza en la provincia.

El gobernador atribuyó las dificultades para mejorar los salarios docentes al ajuste nacional y a la eliminación de distintos programas educativos. A través de sus redes sociales, reconoció que la nueva normativa no resolverá por sí sola todos los problemas del sector, aunque sostuvo que permitirá contar con mayores recursos.

Desde el oficialismo provincial, el legislador Greve respondió a las críticas opositoras y apuntó directamente contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

«La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación», expresó.

La discusión también estuvo atravesada por las negociaciones entre el Ejecutivo y el gremio docente. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la aprobación de la ley a un acuerdo político entre Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

Un escenario fiscal complejo para Tierra del Fuego

La sanción de la ley se produjo en un contexto de dificultades financieras para la provincia. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contempla aumentos impositivos y, aun con esas previsiones, proyecta un déficit cercano a los 200.000 millones de pesos.

Dentro de ese escenario, se estima que alrededor de 100.000 millones de pesos serían cubiertos mediante la nueva tarifaria.

De esta manera, Tierra del Fuego incorporó un esquema de financiamiento educativo que busca responder a los reclamos docentes y sostener inversiones en infraestructura. Sin embargo, la aplicación de los nuevos tributos abrió interrogantes sobre su impacto en la actividad económica, las tarifas y los usuarios del sistema financiero y energético.

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