CONECTATE CON NOSOTROS

Política

Pablo Villegas cuestionó los nuevos impuestos para financiar la educación en Tierra del Fuego

Publicado

el

El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, expresó su rechazo a la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, recientemente aprobada en Tierra del Fuego. Según planteó, el Gobierno de Gustavo Melella optó por crear nuevas cargas tributarias para obtener recursos, aunque advirtió que el impacto económico terminará trasladándose a los ciudadanos.

“¿La solución del Gobierno? Más impuestos. A Camuzzi le cargan un 3,4 por ciento adicional y al Banco de Tierra del Fuego (BTF) otro 3%. Después, esos costos los terminamos pagando todos, incluso los docentes”, manifestó el legislador.

Críticas al gasto público y a la política educativa

Villegas también cuestionó que la nueva normativa no incluya cambios en la estructura del Estado ni medidas para revisar el gasto público. En ese sentido, sostuvo que continúan funcionando estructuras estatales que demandan importantes recursos sin que eso se traduzca, a su criterio, en mejoras concretas para la población.

“Mientras tanto, siguen intactas las estructuras estatales que consumen miles de millones sin mejorarle la vida a nadie”, afirmó.

Por otra parte, el representante del MPF puso en duda que la aprobación de una ley de financiamiento alcance para resolver los problemas del sistema educativo provincial. Para respaldar su postura, hizo referencia a los antecedentes de la legislación fueguina y a las jornadas escolares que se perdieron durante los paros impulsados por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

“Desde 1992 sabemos que las leyes no garantizan clases. Y ninguna ley devuelve el 60% de los días de clases que perdieron nuestros chicos”, expresó.

El reclamo al Gobierno de Melella

En el cierre de su cuestionamiento, Villegas responsabilizó a la administración provincial por la situación educativa y criticó que la respuesta para financiar el sistema consista en incorporar nuevos impuestos.

“El Gobierno no se hace cargo de su fracaso: lo financia con el bolsillo de los fueguinos”, concluyó.

Continuar Leyendo

Economía

Tierra del Fuego aprobó nuevos impuestos al banco provincial y al gas para financiar la educación

Publicado

el

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una nueva ley de financiamiento educativo que establece dos cargas tributarias sobre la actividad bancaria y la distribución de gas natural. La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, busca generar recursos para sostener el sistema educativo provincial y atender parte de los reclamos salariales y de infraestructura planteados por los docentes.

La aprobación se produjo después de una votación ajustada que terminó empatada 7 a 7 y debió resolverse mediante el doble voto de la presidenta de la Legislatura, María Victoria Vuoto.

La norma establece una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural, actividad que en la provincia está a cargo de Camuzzi Gas del Sur, y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

El proyecto había sido presentado como parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que protagonizó una medida de fuerza de 46 días, con paro y acampe, en reclamo de mejoras salariales y respuestas para el sector educativo.

La decisión también abrió una discusión sobre la política tributaria provincial, ya que avanza en sentido contrario al planteo del Gobierno nacional, que viene reclamando a las jurisdicciones una reducción de Ingresos Brutos. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó en distintas oportunidades a ese tributo como uno de los más perjudiciales para la actividad económica.

Cómo se aprobó la nueva ley de financiamiento educativo

La sesión se desarrolló con el gobernador fuera de la provincia y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo. La conducción del debate legislativo quedó en manos de María Victoria Vuoto, quien debió desempatar luego de que la votación terminara igualada.

De los 15 integrantes de la Legislatura, participaron 14. Uno de los movimientos determinantes fue el cambio de postura de Laura Colazo, del Partido Verde, quien semanas atrás había acompañado la decisión de quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto oficial.

Después de votar a favor, la legisladora explicó que había recibido información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego. De todos modos, reconoció las limitaciones de la iniciativa y sostuvo que «esta ley no es la panacea».

La legislación crea dos mecanismos específicos para reunir y distribuir los recursos destinados al sistema educativo.

Qué impuestos se aplicarán y cómo se distribuirán los fondos

El primero es el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se financiará mediante la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos aplicada a la actividad de distribución de gas natural.

La distribución de esos recursos quedó establecida de la siguiente manera:

  • 40% para el mantenimiento y la construcción de infraestructura escolar.
  • 60% para obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.

El segundo instrumento es el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y con afectación exclusiva al área educativa. Su principal fuente de ingresos será el adicional del 3% aplicado a las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego.

También recibirá el 40% de los recursos del Fondo Provincial de Infraestructuras y otros ingresos, entre ellos una parte de la recaudación proveniente de los revalúos del impuesto inmobiliario rural, las utilidades de empresas estatales, Terra Ignis Energía S.A. y futuros recursos vinculados con el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.

La ley establece una distribución orientativa de los fondos: un 40% para salarios docentes, otro 40% para infraestructura educativa y el 20% restante para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tendrá facultades para modificar esa distribución.

Las críticas por el posible traslado de los nuevos impuestos a los usuarios

Desde que el proyecto ingresó a la Legislatura en septiembre, las nuevas cargas tributarias fueron el principal punto de controversia entre oficialismo y oposición.

En octubre, Melella había defendido la decisión de aplicar el gravamen a la distribuidora de gas y cuestionado que esa actividad no estuviera alcanzada por una carga similar a la que afrontan otros sectores económicos.

Tras la aprobación, el gobernador volvió a respaldar la iniciativa y rechazó que se trate de un aumento impositivo generalizado.

«No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo», afirmó.

Desde la oposición, en cambio, advirtieron que los nuevos costos podrían terminar repercutiendo sobre los usuarios y consumidores. El legislador Villegas cuestionó tanto el gravamen sobre Camuzzi como el adicional aplicado al banco provincial y sostuvo que, en definitiva, la sociedad podría terminar afrontando las consecuencias.

En la misma línea se expresó Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, quien puso en duda que se cumpla la prohibición de trasladar los nuevos tributos a clientes y usuarios.

«No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía», manifestó.

El radical Federico Sciurano, quien votó en contra, también había advertido que las cargas podrían afectar a los mismos sectores que la ley busca beneficiar. Si bien reconoció la importancia de contar con una normativa de financiamiento educativo, cuestionó especialmente el adicional sobre el Banco de Tierra del Fuego y señaló que los empleados públicos podrían terminar soportando parte del incremento.

Por su parte, Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, planteó dudas sobre quién absorberá finalmente el costo del 3% aplicado a la entidad bancaria: si será el propio banco o si terminará trasladándose a sus clientes.

Después de la sanción, calificó la norma como «una cáscara vacía» y consideró que representa una salida política frente a los 46 días de conflicto docente.

El cruce entre el Gobierno provincial y La Libertad Avanza

La aprobación de la ley también profundizó las diferencias entre la administración de Melella y los representantes de La Libertad Avanza en la provincia.

El gobernador atribuyó las dificultades para mejorar los salarios docentes al ajuste nacional y a la eliminación de distintos programas educativos. A través de sus redes sociales, reconoció que la nueva normativa no resolverá por sí sola todos los problemas del sector, aunque sostuvo que permitirá contar con mayores recursos.

Desde el oficialismo provincial, el legislador Greve respondió a las críticas opositoras y apuntó directamente contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

«La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación», expresó.

La discusión también estuvo atravesada por las negociaciones entre el Ejecutivo y el gremio docente. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la aprobación de la ley a un acuerdo político entre Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

Un escenario fiscal complejo para Tierra del Fuego

La sanción de la ley se produjo en un contexto de dificultades financieras para la provincia. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contempla aumentos impositivos y, aun con esas previsiones, proyecta un déficit cercano a los 200.000 millones de pesos.

Dentro de ese escenario, se estima que alrededor de 100.000 millones de pesos serían cubiertos mediante la nueva tarifaria.

De esta manera, Tierra del Fuego incorporó un esquema de financiamiento educativo que busca responder a los reclamos docentes y sostener inversiones en infraestructura. Sin embargo, la aplicación de los nuevos tributos abrió interrogantes sobre su impacto en la actividad económica, las tarifas y los usuarios del sistema financiero y energético.

Continuar Leyendo

Política

Tierra del Fuego: el Gobierno vetó la transferencia de un terreno al IPV para un proyecto habitacional

Publicado

el

El Poder Ejecutivo rechazó en su totalidad la ley aprobada por la Legislatura que autorizaba la cesión gratuita de un inmueble fiscal en Ushuaia al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat. La decisión se fundamentó en que el terreno continúa registrado como reserva fiscal y no consta una norma que haya modificado formalmente esa condición. En paralelo, se promulgó la cesión de otro predio a Ushuaia Rugby Club.

El Gobierno de Tierra del Fuego vetó una iniciativa legislativa que buscaba transferir gratuitamente un terreno fiscal al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) para avanzar con un proyecto de construcción de viviendas en Ushuaia.

La propuesta había sido aprobada por la Legislatura Provincial el pasado 28 de octubre, pero finalmente fue rechazada en su totalidad mediante el Decreto 2018/26, fechado el 16 de noviembre de 2026 y firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo.

El proyecto contemplaba la transferencia del dominio de un inmueble identificado catastralmente como Departamento Ushuaia, Sección G, Macizo 14, Parcela 9. La iniciativa incluía también la mensura correspondiente y un croquis como anexo, con el objetivo de destinar el terreno a un desarrollo habitacional.

Sin embargo, durante la revisión administrativa y jurídica surgieron observaciones sobre la situación legal del predio, que llevaron al Ejecutivo a disponer el veto de la normativa.

Por qué el Gobierno vetó la transferencia del terreno al IPV

El principal argumento de la decisión está relacionado con la condición dominial del inmueble. Según un informe de la Dirección General de Catastro, dependiente de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), el terreno continúa identificado en los registros como reserva fiscal.

El análisis del Ejecutivo también advirtió que no figura inscripta una ley de desafectación que permita modificar formalmente esa condición y habilitar la transferencia del dominio al organismo provincial de vivienda.

En ese sentido, el decreto señala que resulta necesario contemplar la desafectación formal del inmueble, ya sea antes de concretar la transferencia o de manera conjunta con el procedimiento correspondiente.

Entre los fundamentos de la medida, el documento sostiene que «la ausencia de una previsión legislativa expresa que resuelva la afectación fiscal del inmueble impide tener suficientemente esclarecidas las condiciones jurídicas necesarias para instrumentar la transferencia proyectada».

De esta manera, el Ejecutivo consideró que no estaban acreditadas las condiciones legales necesarias para avanzar con la cesión gratuita del terreno al IPVyH.

El Gobierno promulgó la cesión de un terreno a Ushuaia Rugby Club

En paralelo al veto de la iniciativa habitacional, el Poder Ejecutivo promulgó otra de las leyes aprobadas durante la sesión legislativa del 28 de octubre.

Se trata de la autorización para transferir gratuitamente un inmueble a la Asociación Civil Ushuaia Rugby Club, identificado catastralmente como Sección J, Macizo 1, Parcela 10.

De acuerdo con la normativa, la institución deberá destinar el predio al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales contempladas en su estatuto.

La ley también establece una condición para mantener la cesión: la autorización quedará sin efecto si el inmueble no se utiliza para los fines previstos o si, una vez iniciado ese destino, deja de cumplir con dichas actividades.

Así, mientras el proyecto de transferencia de tierras al organismo provincial de vivienda quedó sin efecto por el veto del Ejecutivo, la cesión del terreno destinado al club de rugby avanzó con su promulgación.

Continuar Leyendo

Política

Lechman rechazó la nueva Ley de Financiamiento Educativo y propuso destinar el 3% de las regalías y la coparticipación

Publicado

el

El legislador provincial cuestionó la aprobación de la normativa en la Legislatura de Tierra del Fuego y se opuso a la incorporación de nuevos impuestos. Como alternativa, planteó reasignar recursos provinciales para garantizar el financiamiento de educación, salud y seguridad.

El legislador provincial Jorge Lechman (SF) manifestó su rechazo a la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y cuestionó que el mecanismo elegido contemple la incorporación de nuevas obligaciones tributarias.

Tras la sanción de la iniciativa en la Legislatura, el parlamentario sostuvo que la provincia necesita garantizar recursos permanentes para áreas fundamentales, aunque consideró que existen alternativas para hacerlo sin incrementar la carga impositiva sobre los fueguinos.

«Hoy se aprobó el financiamiento educativo con nuevos impuestos. No acompañé el proyecto porque estoy convencido de que hay otra manera de conseguir los recursos que necesita la provincia, sin seguir complicándoles la vida a los fueguinos», expresó.

La propuesta de Lechman para financiar educación, salud y seguridad

Como alternativa a la normativa aprobada, Lechman recordó que presentó un proyecto que propone modificar la distribución de los recursos provinciales para fortalecer áreas esenciales sin crear nuevos tributos.

La iniciativa plantea destinar el 3% de la coparticipación y de las regalías provinciales al financiamiento de educación, salud y seguridad.

Según explicó el legislador, estos sectores necesitan contar con fondos estables que permitan sostener sus servicios y atender las necesidades de la población sin trasladar nuevos costos tributarios a los ciudadanos.

«La educación, la salud y la seguridad necesitan fondos permanentes. Por eso presenté una propuesta para destinar el 3 por ciento de la coparticipación y las regalías provinciales a estas tres áreas, sin crear nuevos tributos», señaló.

Cuestionamientos a la gestión provincial y reclamo por resultados

Durante sus declaraciones, el parlamentario también dirigió sus críticas al Gobierno de Tierra del Fuego y reclamó medidas concretas para revertir la situación económica y productiva de la provincia.

Lechman consideró que, después de casi siete años de gestión, el Ejecutivo provincial debe demostrar resultados y avanzar con políticas que impulsen inversiones, desarrollo productivo y generación de empleo genuino.

En ese sentido, cuestionó las respuestas de corto plazo y sostuvo que las medidas transitorias no permiten resolver las dificultades estructurales que atraviesa Tierra del Fuego.

«Después de casi siete años de gestión, el Ejecutivo provincial tiene que mostrar resultados. Necesitamos inversiones, desarrollo productivo y trabajo genuino, no soluciones que duran dos o tres meses para después volver a discutir los mismos problemas», afirmó.

El legislador profundizó sus cuestionamientos al señalar que la provincia necesita respuestas que vayan más allá de anuncios y medidas temporales.

«No podemos seguir viviendo de parches, anuncios e inauguraciones electorales mientras las dificultades de fondo siguen a la vista de todos», manifestó.

Lechman pidió planificación económica y prioridades en el gasto público

En el cierre de sus declaraciones, el legislador insistió en la necesidad de establecer una estrategia económica de largo plazo, con una administración de los recursos públicos orientada a resolver los problemas estructurales de la provincia.

Para Lechman, la situación actual exige ordenar las cuentas, definir prioridades y avanzar con políticas que permitan proyectar el desarrollo de Tierra del Fuego más allá de las necesidades inmediatas.

«Gobernar es ordenar las cuentas, establecer prioridades y pensar en los próximos años. Tierra del Fuego necesita un proyecto de provincia que mejore la vida de nuestra gente, no medidas para salir del paso», concluyó.

Continuar Leyendo

Tendencias

Copyright © 2026. todos los derechos reservados. hola@eltributuc.com.ar