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Economía

Tierra del Fuego aprobó nuevos impuestos al banco provincial y al gas para financiar la educación

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La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una nueva ley de financiamiento educativo que establece dos cargas tributarias sobre la actividad bancaria y la distribución de gas natural. La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, busca generar recursos para sostener el sistema educativo provincial y atender parte de los reclamos salariales y de infraestructura planteados por los docentes.

La aprobación se produjo después de una votación ajustada que terminó empatada 7 a 7 y debió resolverse mediante el doble voto de la presidenta de la Legislatura, María Victoria Vuoto.

La norma establece una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural, actividad que en la provincia está a cargo de Camuzzi Gas del Sur, y un adicional del 3% sobre todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

El proyecto había sido presentado como parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que protagonizó una medida de fuerza de 46 días, con paro y acampe, en reclamo de mejoras salariales y respuestas para el sector educativo.

La decisión también abrió una discusión sobre la política tributaria provincial, ya que avanza en sentido contrario al planteo del Gobierno nacional, que viene reclamando a las jurisdicciones una reducción de Ingresos Brutos. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó en distintas oportunidades a ese tributo como uno de los más perjudiciales para la actividad económica.

Cómo se aprobó la nueva ley de financiamiento educativo

La sesión se desarrolló con el gobernador fuera de la provincia y la vicegobernadora Mónica Urquiza a cargo del Ejecutivo. La conducción del debate legislativo quedó en manos de María Victoria Vuoto, quien debió desempatar luego de que la votación terminara igualada.

De los 15 integrantes de la Legislatura, participaron 14. Uno de los movimientos determinantes fue el cambio de postura de Laura Colazo, del Partido Verde, quien semanas atrás había acompañado la decisión de quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto oficial.

Después de votar a favor, la legisladora explicó que había recibido información adicional del Ministerio de Economía y una evaluación favorable del presidente del Banco de Tierra del Fuego. De todos modos, reconoció las limitaciones de la iniciativa y sostuvo que «esta ley no es la panacea».

La legislación crea dos mecanismos específicos para reunir y distribuir los recursos destinados al sistema educativo.

Qué impuestos se aplicarán y cómo se distribuirán los fondos

El primero es el Fondo Provincial de Infraestructuras, que se financiará mediante la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos aplicada a la actividad de distribución de gas natural.

La distribución de esos recursos quedó establecida de la siguiente manera:

  • 40% para el mantenimiento y la construcción de infraestructura escolar.
  • 60% para obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias.

El segundo instrumento es el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), de carácter permanente y con afectación exclusiva al área educativa. Su principal fuente de ingresos será el adicional del 3% aplicado a las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego.

También recibirá el 40% de los recursos del Fondo Provincial de Infraestructuras y otros ingresos, entre ellos una parte de la recaudación proveniente de los revalúos del impuesto inmobiliario rural, las utilidades de empresas estatales, Terra Ignis Energía S.A. y futuros recursos vinculados con el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.

La ley establece una distribución orientativa de los fondos: un 40% para salarios docentes, otro 40% para infraestructura educativa y el 20% restante para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tendrá facultades para modificar esa distribución.

Las críticas por el posible traslado de los nuevos impuestos a los usuarios

Desde que el proyecto ingresó a la Legislatura en septiembre, las nuevas cargas tributarias fueron el principal punto de controversia entre oficialismo y oposición.

En octubre, Melella había defendido la decisión de aplicar el gravamen a la distribuidora de gas y cuestionado que esa actividad no estuviera alcanzada por una carga similar a la que afrontan otros sectores económicos.

Tras la aprobación, el gobernador volvió a respaldar la iniciativa y rechazó que se trate de un aumento impositivo generalizado.

«No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo», afirmó.

Desde la oposición, en cambio, advirtieron que los nuevos costos podrían terminar repercutiendo sobre los usuarios y consumidores. El legislador Villegas cuestionó tanto el gravamen sobre Camuzzi como el adicional aplicado al banco provincial y sostuvo que, en definitiva, la sociedad podría terminar afrontando las consecuencias.

En la misma línea se expresó Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, quien puso en duda que se cumpla la prohibición de trasladar los nuevos tributos a clientes y usuarios.

«No podemos seguir generando impuestos a la ciudadanía», manifestó.

El radical Federico Sciurano, quien votó en contra, también había advertido que las cargas podrían afectar a los mismos sectores que la ley busca beneficiar. Si bien reconoció la importancia de contar con una normativa de financiamiento educativo, cuestionó especialmente el adicional sobre el Banco de Tierra del Fuego y señaló que los empleados públicos podrían terminar soportando parte del incremento.

Por su parte, Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, planteó dudas sobre quién absorberá finalmente el costo del 3% aplicado a la entidad bancaria: si será el propio banco o si terminará trasladándose a sus clientes.

Después de la sanción, calificó la norma como «una cáscara vacía» y consideró que representa una salida política frente a los 46 días de conflicto docente.

El cruce entre el Gobierno provincial y La Libertad Avanza

La aprobación de la ley también profundizó las diferencias entre la administración de Melella y los representantes de La Libertad Avanza en la provincia.

El gobernador atribuyó las dificultades para mejorar los salarios docentes al ajuste nacional y a la eliminación de distintos programas educativos. A través de sus redes sociales, reconoció que la nueva normativa no resolverá por sí sola todos los problemas del sector, aunque sostuvo que permitirá contar con mayores recursos.

Desde el oficialismo provincial, el legislador Greve respondió a las críticas opositoras y apuntó directamente contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

«La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación», expresó.

La discusión también estuvo atravesada por las negociaciones entre el Ejecutivo y el gremio docente. Desde La Libertad Avanza, Gracianía atribuyó la aprobación de la ley a un acuerdo político entre Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

Un escenario fiscal complejo para Tierra del Fuego

La sanción de la ley se produjo en un contexto de dificultades financieras para la provincia. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contempla aumentos impositivos y, aun con esas previsiones, proyecta un déficit cercano a los 200.000 millones de pesos.

Dentro de ese escenario, se estima que alrededor de 100.000 millones de pesos serían cubiertos mediante la nueva tarifaria.

De esta manera, Tierra del Fuego incorporó un esquema de financiamiento educativo que busca responder a los reclamos docentes y sostener inversiones en infraestructura. Sin embargo, la aplicación de los nuevos tributos abrió interrogantes sobre su impacto en la actividad económica, las tarifas y los usuarios del sistema financiero y energético.

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Economía

El Gobierno modificó el RIGI: flexibilizó requisitos y amplió la participación de empresas locales

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El Decreto 1366/2026 introduce cambios en las condiciones para reconocer proveedores nacionales, habilita nuevas operaciones societarias y amplía las alternativas de financiamiento de los proyectos. La medida fue publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases, con el objetivo de ajustar su implementación y precisar las condiciones para acceder a los beneficios previstos.

Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa modifica distintos puntos del Decreto 749/2024, que regula el funcionamiento del régimen.

Nuevos criterios para reconocer proveedores nacionales

Uno de los cambios centrales establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras nacionales sin importar la nacionalidad o el lugar de residencia de sus accionistas, ni quiénes integren su capital.

En el caso de los bienes, se mantiene la obligación de acreditar el origen nacional de acuerdo con los criterios establecidos por el Mercosur.

Además, la reglamentación incorpora precisiones sobre los plazos de inversión. Los proyectos deberán establecer una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido, diferenciando esa obligación general de los desembolsos específicos requeridos para cada etapa de ejecución.

Cambios en la estructura societaria de los proyectos

El decreto también introduce modificaciones en las condiciones para realizar operaciones societarias dentro del RIGI.

A partir de ahora, se permite expresamente adquirir acciones o participaciones de empresas adheridas al régimen sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios obtenidos. Sin embargo, las adquisiciones realizadas después de la solicitud de adhesión no podrán computarse como nuevas inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.

Por otra parte, los integrantes de uniones transitorias y otros contratos asociativos podrán transferir sus participaciones o incorporar nuevos miembros. Para hacerlo, deberán informar la operación y demostrar que se mantienen los compromisos de inversión y las garantías asumidas.

La normativa también habilita a las sucursales dedicadas incorporadas al RIGI a reorganizarse y transferir la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima creada específicamente para ese propósito. La operación podrá concretarse sin perder la adhesión original ni los beneficios del régimen.

Más alternativas para financiar las inversiones

Otro de los puntos modificados está relacionado con la acreditación del ingreso de divisas destinadas al financiamiento de los proyectos.

Además de los fondos ingresados directamente por el vehículo de inversión, podrán computarse aportes y préstamos provenientes del exterior realizados por accionistas, integrantes de contratos asociativos y sociedades vinculadas.

Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al desarrollo del proyecto y quedar debidamente registrados.

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Economía

Tierra del Fuego pagará más de US$ 217 mil a Sullair por el alquiler de generadores eléctricos

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El desembolso corresponde a un mes de servicio para el Centro de Vialidad N.º 2, entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de 2026. El contrato había sido adjudicado por un período inicial de tres meses y contemplaba un costo cercano a los 800 mil dólares.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó el pago de 217.800 dólares estadounidenses a Sullair Argentina S.A. por el alquiler de equipos destinados a la generación de energía eléctrica en el Centro de Vialidad N.º 2.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 71/26 del Ministerio de Energía, publicada en la última edición del Boletín Oficial provincial. Según se detalla en la disposición, el importe corresponde a la factura B N.º 0145-00000009, emitida por la empresa.

El servicio facturado comprende un mes de utilización de los generadores, correspondiente al período que se extiende desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2026.

Un contrato que supera los 800 mil dólares

La contratación se realizó mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, cuyo pliego de condiciones fue aprobado previamente por una resolución del Ministerio de Energía. Posteriormente, a través del Decreto 1635/2026, el Gobierno adjudicó el procedimiento a Sullair Argentina S.A.

El acuerdo original entre la Provincia y la firma contemplaba el alquiler de los equipos generadores durante tres meses, por un monto que rondaba los 800 mil dólares.

Cómo se calculará el pago en pesos

La resolución establece que, aunque la factura está expresada en dólares, el desembolso se realizará en pesos argentinos. Para determinar el importe final se utilizará la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de pago.

De acuerdo con la última cotización mencionada en la disposición, los US$ 217.800 representan aproximadamente 340 millones de pesos. Sin embargo, el monto definitivo dependerá del tipo de cambio vigente al momento de concretarse la operación.

El documento también señala que el gasto tiene incidencia económica y financiera sobre el patrimonio provincial durante el ejercicio en curso y que cuenta con el correspondiente devengamiento presupuestario.

Finalmente, se instruyó a realizar el pago total de la factura a favor de Sullair Argentina S.A., con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Energía.

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RGA Alimentos cerró 2025 con ganancias y amplió su producción a seis nuevas líneas

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La empresa estatal de Río Grande registró un crecimiento real del 52,5% en sus ventas, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y redujo su pasivo total un 83%. Además, avanzó en la diversificación de su marca RGA Alimentos, incorporando nuevos rubros productivos y manteniendo aumentos de precios por debajo de la inflación.

Río Grande Activa Sociedad del Estado (RGA) presentó un balance positivo por segundo año consecutivo y consolidó su crecimiento económico y productivo. Durante el ejercicio 2025, la empresa alcanzó una facturación de $190 millones, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y logró reducir considerablemente sus compromisos financieros.

Los resultados fueron expuestos por el presidente de la firma, Juan Pablo Deluca, ante el Concejo Deliberante, en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2027. Se trató de su tercera presentación consecutiva, en la que también detalló los avances registrados durante 2026 y la estrategia de diversificación de la producción local.

Durante su exposición, Deluca recordó que en los primeros años del proyecto existían interrogantes sobre su viabilidad económica, pero sostuvo que los resultados de los últimos balances permitieron demostrar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que el desafío actual consiste en definir el ritmo de crecimiento y expansión de la capacidad productiva.

Crecimiento económico y reducción de deudas

De acuerdo con los estados contables correspondientes a 2025, RGA facturó $190 millones, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto del período anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.

La ganancia obtenida alcanzó los $24,7 millones, equivalente al 13% de las ventas y un 60% superior a la registrada durante 2024. Otro de los indicadores destacados fue la reducción del pasivo total en un 83%, junto con la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes con proveedores.

Deluca también remarcó que los gastos operativos, el pago a proveedores y las mejoras de infraestructura fueron cubiertos con recursos generados por la propia empresa. Según explicó, durante 2025 y 2026 no se concretaron los aportes de capital que estaban previstos por parte del Municipio.

Otro aspecto señalado durante la presentación fue la evolución de los precios. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el kilo de pollo RGA registró un aumento del 25,2%, mientras que la inflación de la canasta básica alimentaria regional alcanzó el 36,9%.

Seis líneas productivas para ampliar la oferta de alimentos

Uno de los principales avances presentados correspondió al proceso de diversificación impulsado durante 2026. Frente a las dificultades logísticas para trasladar pollitos BB mediante transporte aéreo, la empresa avanzó en la consolidación de nuevas actividades productivas bajo la marca RGA Alimentos.

La estrategia permitió desarrollar seis líneas que integran a productores, pequeñas y medianas empresas e instituciones locales:

  • Producción frutihortícola y ajo violeta.
  • Frutillas fueguinas.
  • Condimentos.
  • Línea porcina.
  • Plantines productivos.
  • Biofertilizantes.

El objetivo de esta expansión es incorporar nuevos actores de la economía local y facilitar que sus productos puedan llegar a los distintos puntos de comercialización de la provincia.

Al referirse al impacto de esta política, Deluca destacó que Río Grande pasó de producir apenas el 2% de los alimentos que consumía a superar actualmente el 14%. Además, indicó que el desarrollo productivo alcanza a unas 500 unidades de producción y alrededor de 1.500 familias.

De esta manera, RGA busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción local, la incorporación de nuevos rubros y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la disponibilidad de alimentos producidos en Tierra del Fuego.

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