El organismo resolvió por unanimidad archivar la presentación realizada por el Inspector General Ariel Ciares, quien había cuestionado la actuación del Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte en tres investigaciones vinculadas al Servicio Penitenciario Provincial. La resolución consideró que no existían elementos suficientes para avanzar con un proceso de enjuiciamiento.
El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar y archivar la denuncia presentada contra el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Pablo Martín Bramati, por presuntas irregularidades y falta de imparcialidad en su intervención en tres causas penales relacionadas con integrantes y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión del pasado 10 de noviembre y quedó formalizada mediante la Acordada Nº 699, publicada en el Boletín Oficial. En su resolución, el organismo calificó la presentación como «infundada» y «jurídicamente improcedente», por lo que determinó que no correspondía iniciar un procedimiento de enjuiciamiento contra el funcionario judicial.
La denuncia había sido presentada el 19 de agosto por el Inspector General Ariel N. Ciares, quien cuestionó que Bramati no se hubiera apartado de tres investigaciones penales pese a mantener una relación convivencial y familiar con una funcionaria jerárquica del Servicio Penitenciario.
Los cuestionamientos por una posible falta de imparcialidad
En su presentación, Ciares sostuvo que la relación personal del fiscal con una integrante del Servicio Penitenciario podía comprometer su objetividad en las investigaciones.
El planteo señalaba que la pareja de Bramati había mantenido conflictos administrativos y judiciales con esa institución y que el propio fiscal, durante su desempeño como director provincial, habría dispuesto o impulsado medidas que la afectaron.
Según la interpretación del denunciante, esas circunstancias podían haber generado un malestar personal o una animadversión hacia determinados integrantes del organismo penitenciario, lo que eventualmente habría condicionado las intervenciones del funcionario judicial.
Por ese motivo, Ciares cuestionó específicamente la participación de Bramati en tres expedientes y consideró que debía haberse inhibido o, al menos, informado sobre las circunstancias personales que podían poner en duda su imparcialidad.
La presentación planteó que esa presunta omisión podía constituir mala conducta y arbitrariedad manifiesta, por lo que solicitó que el Consejo de la Magistratura investigara su actuación y evaluara la posibilidad de avanzar con un proceso de enjuiciamiento.
Por qué el Consejo decidió archivar la presentación
Al analizar el caso, los integrantes del organismo remarcaron que existe una diferencia entre los motivos que pueden justificar que un funcionario judicial se aparte de una investigación y las conductas que, por su gravedad, pueden dar lugar a un proceso de enjuiciamiento.
En ese sentido, señalaron que los mecanismos de recusación e inhibición tienen como finalidad «preservar la objetividad de las intervenciones judiciales», pero aclararon que para avanzar con un enjuiciamiento deben existir hechos de mayor gravedad, encuadrados en las causales previstas por la Constitución Provincial y la Ley 525.

El Consejo también consideró que las medidas adoptadas por Bramati guardaban relación con el objeto de las investigaciones y que las decisiones vinculadas con los planteos del Ministerio Público Fiscal habían quedado sometidas al control de los órganos jurisdiccionales competentes.
Otro de los puntos centrales de la resolución fue que no se acreditó que la pareja del fiscal tuviera una participación directa ni un interés personal, concreto y actual en las causas cuestionadas.
Para el organismo, el hecho de que la mujer integrara el Servicio Penitenciario, ocupara un cargo jerárquico o que una persona denunciante estuviera alojada en un establecimiento bajo su dirección no constituía, por sí solo, un motivo suficiente para considerar comprometida la imparcialidad del funcionario judicial.
Asimismo, entendió que los conflictos administrativos y judiciales que pudiera haber mantenido la pareja de Bramati no podían trasladarse automáticamente a toda la estructura del Servicio Penitenciario ni a sus integrantes.
No encontraron pruebas de una supuesta animadversión
En la evaluación de la denuncia, el Consejo observó que Ciares no había aportado elementos concretos que permitieran demostrar una conducta parcial o una intención del fiscal de beneficiar a su conviviente o perjudicar al denunciante.
En particular, señaló que no se habían individualizado expresiones, comunicaciones, amenazas, intervenciones por fuera de los expedientes ni actos funcionales que permitieran acreditar una supuesta animadversión de Bramati hacia integrantes del Servicio Penitenciario.
A partir de ese análisis, el organismo concluyó que no existían elementos objetivos para sostener que el fiscal hubiera actuado con parcialidad, arbitrariedad o desviación de sus funciones.
De esta manera, el Consejo de la Magistratura resolvió cerrar la actuación y archivar la denuncia, descartando la apertura de un procedimiento de enjuiciamiento contra Pablo Martín Bramati.