Economía

Tierra del Fuego asumió $4.970 millones en acreencias del IPV para compensar deudas con Nación

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A través de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Instituto Provincial de Vivienda, la Provincia se quedó con los derechos de cobro por obras del programa Casa Propia. A cambio, extinguió deudas del organismo por $1.892 millones en asistencias financieras, buscando hacer valer esos créditos ante el Estado nacional.

El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó un acuerdo con el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), mediante el cual el organismo le cedió derechos de cobro contra el Estado nacional por un total de $4.970.226.415,92. Estos créditos corresponden a certificaciones pendientes de obras habitacionales encuadradas en el programa Casa Propia.

Como contraprestación por la transferencia total, definitiva e irrevocable de estas acreencias, el Ejecutivo provincial canceló deudas del IPVyH con el Tesoro provincial por $1.892.429.317,62, provenientes de convenios previas de asistencia financiera reintegrable.

El convenio fue suscripto el pasado 2 de octubre entre el ministro de Economía, Alejandro Agustín Barrozo Marte, y la presidenta del IPVyH, Laura Malvina Montes. El objetivo central de la operatoria es habilitar a la Provincia a hacer valer esos fondos ante la Nación en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (creado por el Decreto nacional 969/2024), al tiempo que el organismo de vivienda saneó sus compromisos con el erario provincial.

La diferencia de montos y el detalle de los acuerdos

Uno de los aspectos salientes de la negociación es la disparidad entre las cifras acordadas: el valor nominal de los créditos cedidos supera en $3.077.797.098,30 a las deudas extinguidas. La cláusula cuarta del texto establece de forma explícita que el IPVyH no mantendrá derecho alguno a reclamar a la Provincia saldos, compensaciones adicionales ni restituciones por ese excedente.

El detalle de los conceptos integrados en la operación comprende:

  • Acreencias cedidas (11 ítems de convenios nacionales de 2022): Proyectos de 42, 54 y 72 viviendas en Ushuaia; desarrollos de 84 y 120 soluciones habitacionales en Río Grande; y la intervención del programa Casa Activa (viviendas y espacios comunes) en la capital provincial.

  • Obligaciones extinguidas (3 asistencias financieras con sus adendas): Saldo del convenio 23.614/23 por $1.266.964.615,85; convenio 24.009/23 por $614.299.210,94; y el convenio 17.974/17 por $11.165.490,83.

Antecedentes y contexto de las obras frenadas

La estrategia de emplear créditos por infraestructura para saldar deudas públicas provinciales registra antecedentes en la gestión provincial:

  • Negociaciones previas: En junio de 2025, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, confirmó tratativas con la Secretaría de Hacienda de la Nación para sumar certificados de obra impagos al régimen de compensación mutua, contemplando un esquema para volcar luego esos recursos al IPV.

  • Demoras en giros nacionales: En febrero de 2025, Laura Montes había objetado la falta de desembolsos en el marco de un esquema de financiamiento mixto pactado en 2024, señalando que el IPVyH había rendido alrededor de $2.000 millones sin recibir el reintegro. Dichos atrasos forzaron al Instituto a reactivar obras con recursos propios y del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), readecuando los plazos de ejecución.

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