Luego del anunció del Presidente, cuáles son los detalles del acuerdo con el FMI
Manzur y Guzmán dieron a conocer algunos aspectos del entendimiento. “Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr”, dijo el ministro de Economía. Y avisó que “no habrá un salto devaluatorio”.
El Gobierno nacional anunció hoy que la Argentina buscará una reducción progresiva del déficit fiscal para llegar al equilibrio en 2025, sin un salto devaluatorio y con un compromiso de ir reduciendo la emisión monetaria para ponerle fin a la dependencia sistemática del Banco Central, con la idea de reducir la inflación en ese proceso.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dieron a conocer algunos detalles del acuerdo con el Fondo Monetario que se alcanzó en la madrugada de este mismo viernes. “Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr”, dijo Guzmán. Y afirmó que esto “abre un camino transitable, para construir una Argentina con más trabajo, con producción y estabilidad”.
Juan Manzur y Martín Guzmán al anunciar el acuerdo con el FMI en el Palacio de Hacienda
El programa, precisó, tendrá una duración de dos años y medio. “Es un entendimiento sobre el marco macroeconómico y las políticas claves para un nuevo programa con el Fondo”, dijo el ministro de Economía.
Ese marco general tiene dos bloques: por una parte, el esquema general de política macroeconómica; por otra parte, las medidas que promuevan el crecimiento de mediano plazo y una estabilidad duradera.
¿Qué pasará con el déficit fiscal?
En cuanto al sendero fiscal, se acordó que habrá una política que no inhiba las posibilidades de aplicar una política fiscal expansiva moderada, “sin que haya políticas de ajuste”. Al mismo tiempo, se plantea una reducción gradual del déficit.
Para el 2022 se proyecta un déficit fiscal primario del 2,5% del PIB; para el 2023, pasa al 1,9%; y para el 2024, baja al 0,9% del PIB. El equilibrio fiscal se alcanzaría, entonces, en 2025.
El gobierno apuesta a un déficit fiscal del 2,5%
“Como parte del esquema fiscal, habrá una mejor focalización de los recursos del Estado y una expansión de la inversión pública, para que el sector privado esté en condiciones de tener una recuperación más vibrante”, dijo Guzmán.
Habrá medidas para atacar la evasión fiscal y el lavado de dinero, con la idea de que los ingresos del fisco se puedan fortalecer en paralelo al crecimiento económico proyectado.
El frente monetario
Habrá una “reducción gradual pero decidida” de la asistencia que realiza el Banco Central al Tesoro, que en 2021 había alcanzado 3,7% del PIB, después de que en 2020 –en el contexto de pandemia- había sido de 7,3% del PIB.
Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del PIB; que en 2023 pase al 0,6% del PIB; y que en 2024, esté cercano a cero. Con la idea de converger luego a que no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.
“Se avanzará hacia una economía más normalizada en la que la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la demanda de la moneda, sin que ellos conlleve presiones adicionales en los tipos de cambio y por lo tanto en la inflación”, dijo Guzmán.
En el marco monetario, se buscará una estructura de tasas de interés reales con valores positivos (por encima de la inflación) para contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, señaló el funcionario.
E indicó que se avanzará en la reconstrucción del mercado de capitales en moneda nacional, para ir reduciendo justamente la dependencia de la emisión monetaria. “Se va a continuar profundizando ese proceso”, afirmó el ministro.
Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del PIB
La inflación
Se acordó un “enfoque integral”, partiendo de la base de que la inflación es un fenómeno multicausal.
Uno de esos factores es productivo, por la incapacidad histórica de la Argentina para sostener e incrementar sus exportaciones, dado que eso es fundamental para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.
En segundo lugar, se mejorará el perfil fiscal monetario, por lo que se irá reduciendo la emisión monetaria en paralelo a una reducción del déficit fiscal. A ello acompañarán las tasas de interés positivas.
Y por último, el Estado va a jugar un rol de árbitro para ir mejorando las expectativas económicas a través de, por ejemplo, acuerdos de precios. Aquí va a ser importante el trabajo coordinado entre el sector público y el privado.
Qué pasará con el dólar
“No habrá ningún salto cambiario”, afirmó el ministro de Economía. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo. Y se plantea una acumulación de 5.000 millones de dólares de reservas este año.
En paralelo, seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transiten una situación de inestabilidad mientras que apunta a un horizonte de regulaciones macroprudenciales para desalentar el ingreso de capitales especulativos.
Martín Guzmán y Juan Manzur. Confrencia de prensa tras acuerdo con el FMI. (Federico López Claro)
El capítulo político
Manzur destacó que la Argentina accedió a un acuerdo con el FMI. “Todos sabemos lo que representaba esta deuda. Esto era una tragedia para la Argentina, lo que hizo el Gobierno del ex presidente Macri, quien endeudó irresponsablemente a la Argentina”, afirmó.
Según el funcionario, el endeudamiento con el FMI era una “espada de Damocles, una soga al cuello que tenía la Argentina”, que cercenaba las posibilidades que tenía la Argentina de administrar su política económica en pos del crecimiento de la actividad.
“Este acuerdo respeta lo que el Gobierno siempre sostuvo: lo único que pedíamos era que la Argentina pueda seguir creciendo. Y finalmente esto es lo que se logró”, afirmó el jefe de Gabinete.
El ministro de Economía afirmó que el punto de partida de la presentación debe ser que se entienda de dónde se venía. En ese sentido, repasó que la gestión de Macri había acudido a un préstamo de hasta 57.000 millones de dólares con el FMI, de lo cual se desembolsaron 45.000 millones.
“El programa de políticas acordado en 2018 resultó en un profundo fracaso y de deterioro de los indicadores económicos y sociales de la Argentina. Y el propio Fondo reconoció que el programa falló”, dijo Guzmán.
El dinero, dijo, se utilizó para financiar la salida de capitales de la Argentina y para pagar deuda que ya estaba en situación de insostenibilidad. “Y nos dejó con una carga de vencimientos aplastante y con una profunda dependencia de un organismo con el que históricamente la Argentina ha tenido fuertes problemas”, dijo Guzmán.Ç
El Decreto 1366/2026 introduce cambios en las condiciones para reconocer proveedores nacionales, habilita nuevas operaciones societarias y amplía las alternativas de financiamiento de los proyectos. La medida fue publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases, con el objetivo de ajustar su implementación y precisar las condiciones para acceder a los beneficios previstos.
Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa modifica distintos puntos del Decreto 749/2024, que regula el funcionamiento del régimen.
Nuevos criterios para reconocer proveedores nacionales
Uno de los cambios centrales establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras nacionales sin importar la nacionalidad o el lugar de residencia de sus accionistas, ni quiénes integren su capital.
En el caso de los bienes, se mantiene la obligación de acreditar el origen nacional de acuerdo con los criterios establecidos por el Mercosur.
Además, la reglamentación incorpora precisiones sobre los plazos de inversión. Los proyectos deberán establecer una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido, diferenciando esa obligación general de los desembolsos específicos requeridos para cada etapa de ejecución.
Cambios en la estructura societaria de los proyectos
El decreto también introduce modificaciones en las condiciones para realizar operaciones societarias dentro del RIGI.
A partir de ahora, se permite expresamente adquirir acciones o participaciones de empresas adheridas al régimen sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios obtenidos. Sin embargo, las adquisiciones realizadas después de la solicitud de adhesión no podrán computarse como nuevas inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.
Por otra parte, los integrantes de uniones transitorias y otros contratos asociativos podrán transferir sus participaciones o incorporar nuevos miembros. Para hacerlo, deberán informar la operación y demostrar que se mantienen los compromisos de inversión y las garantías asumidas.
La normativa también habilita a las sucursales dedicadas incorporadas al RIGI a reorganizarse y transferir la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima creada específicamente para ese propósito. La operación podrá concretarse sin perder la adhesión original ni los beneficios del régimen.
Más alternativas para financiar las inversiones
Otro de los puntos modificados está relacionado con la acreditación del ingreso de divisas destinadas al financiamiento de los proyectos.
Además de los fondos ingresados directamente por el vehículo de inversión, podrán computarse aportes y préstamos provenientes del exterior realizados por accionistas, integrantes de contratos asociativos y sociedades vinculadas.
Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al desarrollo del proyecto y quedar debidamente registrados.
El desembolso corresponde a un mes de servicio para el Centro de Vialidad N.º 2, entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de 2026. El contrato había sido adjudicado por un período inicial de tres meses y contemplaba un costo cercano a los 800 mil dólares.
El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó el pago de 217.800 dólares estadounidenses a Sullair Argentina S.A. por el alquiler de equipos destinados a la generación de energía eléctrica en el Centro de Vialidad N.º 2.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 71/26 del Ministerio de Energía, publicada en la última edición del Boletín Oficial provincial. Según se detalla en la disposición, el importe corresponde a la factura B N.º 0145-00000009, emitida por la empresa.
El servicio facturado comprende un mes de utilización de los generadores, correspondiente al período que se extiende desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2026.
Un contrato que supera los 800 mil dólares
La contratación se realizó mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, cuyo pliego de condiciones fue aprobado previamente por una resolución del Ministerio de Energía. Posteriormente, a través del Decreto 1635/2026, el Gobierno adjudicó el procedimiento a Sullair Argentina S.A.
El acuerdo original entre la Provincia y la firma contemplaba el alquiler de los equipos generadores durante tres meses, por un monto que rondaba los 800 mil dólares.
Cómo se calculará el pago en pesos
La resolución establece que, aunque la factura está expresada en dólares, el desembolso se realizará en pesos argentinos. Para determinar el importe final se utilizará la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de pago.
De acuerdo con la última cotización mencionada en la disposición, los US$ 217.800 representan aproximadamente 340 millones de pesos. Sin embargo, el monto definitivo dependerá del tipo de cambio vigente al momento de concretarse la operación.
El documento también señala que el gasto tiene incidencia económica y financiera sobre el patrimonio provincial durante el ejercicio en curso y que cuenta con el correspondiente devengamiento presupuestario.
Finalmente, se instruyó a realizar el pago total de la factura a favor de Sullair Argentina S.A., con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Energía.
La empresa estatal de Río Grande registró un crecimiento real del 52,5% en sus ventas, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y redujo su pasivo total un 83%. Además, avanzó en la diversificación de su marca RGA Alimentos, incorporando nuevos rubros productivos y manteniendo aumentos de precios por debajo de la inflación.
Río Grande Activa Sociedad del Estado (RGA) presentó un balance positivo por segundo año consecutivo y consolidó su crecimiento económico y productivo. Durante el ejercicio 2025, la empresa alcanzó una facturación de $190 millones, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y logró reducir considerablemente sus compromisos financieros.
Los resultados fueron expuestos por el presidente de la firma, Juan Pablo Deluca, ante el Concejo Deliberante, en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2027. Se trató de su tercera presentación consecutiva, en la que también detalló los avances registrados durante 2026 y la estrategia de diversificación de la producción local.
Durante su exposición, Deluca recordó que en los primeros años del proyecto existían interrogantes sobre su viabilidad económica, pero sostuvo que los resultados de los últimos balances permitieron demostrar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que el desafío actual consiste en definir el ritmo de crecimiento y expansión de la capacidad productiva.
Crecimiento económico y reducción de deudas
De acuerdo con los estados contables correspondientes a 2025, RGA facturó $190 millones, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto del período anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.
La ganancia obtenida alcanzó los $24,7 millones, equivalente al 13% de las ventas y un 60% superior a la registrada durante 2024. Otro de los indicadores destacados fue la reducción del pasivo total en un 83%, junto con la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes con proveedores.
Deluca también remarcó que los gastos operativos, el pago a proveedores y las mejoras de infraestructura fueron cubiertos con recursos generados por la propia empresa. Según explicó, durante 2025 y 2026 no se concretaron los aportes de capital que estaban previstos por parte del Municipio.
Otro aspecto señalado durante la presentación fue la evolución de los precios. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el kilo de pollo RGA registró un aumento del 25,2%, mientras que la inflación de la canasta básica alimentaria regional alcanzó el 36,9%.
Seis líneas productivas para ampliar la oferta de alimentos
Uno de los principales avances presentados correspondió al proceso de diversificación impulsado durante 2026. Frente a las dificultades logísticas para trasladar pollitos BB mediante transporte aéreo, la empresa avanzó en la consolidación de nuevas actividades productivas bajo la marca RGA Alimentos.
La estrategia permitió desarrollar seis líneas que integran a productores, pequeñas y medianas empresas e instituciones locales:
Producción frutihortícola y ajo violeta.
Frutillas fueguinas.
Condimentos.
Línea porcina.
Plantines productivos.
Biofertilizantes.
El objetivo de esta expansión es incorporar nuevos actores de la economía local y facilitar que sus productos puedan llegar a los distintos puntos de comercialización de la provincia.
Al referirse al impacto de esta política, Deluca destacó que Río Grande pasó de producir apenas el 2% de los alimentos que consumía a superar actualmente el 14%. Además, indicó que el desarrollo productivo alcanza a unas 500 unidades de producción y alrededor de 1.500 familias.
De esta manera, RGA busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción local, la incorporación de nuevos rubros y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la disponibilidad de alimentos producidos en Tierra del Fuego.