Cuánto cuestan las plataformas de streaming

Netflix anunció un aumento de 32% en sus tarifas de los distintos planes en Argentina, que se aplicará a partir de febrero.

El plan básico subirá de $4.299 a $5.999 (más impuestos), con un incremento de S1.700; el plan standard pasará de $7.199 a $9.999 (más impuestos), con un aumento de $2.800; y el plan premium de $9.699 aumentará a $13.499 (más impuestos), lo que representa $3.800 más.

Además, la empresa anunció que introducirá un nuevo plan que permitirá a los suscriptores del nivel con publicidad, agregar a una persona fuera de su hogar para que también acceda al contenido incluido en su suscripción.

Este nuevo ajuste de tarifas es el segundo en menos de seis meses, después del aumento aplicado en octubre pasado en varias regiones.

En una carta dirigida a sus inversores, Netflix explicó que estos incrementos están diseñados para respaldar su estrategia de inversión en contenido y mejorar la experiencia del usuario.

Esta mañana, la acción de Netflix se disparó 15% hoy en Wall Street y la acción tocó los US$1.000 tras la presentación del balance, lo que valorizó a la empresa de streaming en US$420.000 millones.

Por su parte, Amazon Prime Video aumentará de $3.999 a $5.199 sin impuestos incluidos, a partir del 22 de febrero próximo, luego del último aumento de septiembre de 2024.

En los últimos quince meses, Amazon Prime Video pasó de $580 el servicios a $3.999 sin impuestos incluidos, a lo que se sumará un febrero el nuevo aumento de 30%.

De este modo, Amazon Prime Video tendrá un precio de $7.954 con impuestos incluidos en Argentina desde el 22 de febrero de 2025.

Otra de las principales plataformas de streaming en Argentina es Disney Plus, que en noviembre del año pasado aplicó un ajuste en sus precios en los planes estándar y premium, que quedaron en $10.699 y  $15.299, respectivamente.

Este jueves y viernes, las estaciones de servicio aumentaron los precios de los combustibles. El incremento se debió a la actualización impositiva del Gobierno nacional.

# Detalles del aumento
– Shell y Puma aplicaron un incremento cercano al 2% en los precios de la nafta y el gasoil este jueves.
– YPF y Axion hicieron lo mismo este viernes.
– El precio del litro de nafta aumentó unos 50 pesos.

# Nuevos precios
– Puma: vende su variedad más económica a $1.220 por litro.
– Shell: cobra $1.260 por litro.
– YPF y Axion: también aumentaron sus precios, superando los $1.200 por litro.

Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos

El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.

Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.

Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.

Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 

En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.

También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Entre ellas se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley.

Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.

En este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos. También, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados.