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Economía

Lanzan un plan de pagos para regularizar deudas fiscales provinciales

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La medida busca reducir la morosidad tributaria ante las dificultades económicas que atraviesan los sectores comerciales, industriales y de servicios. Permite financiar deudas hasta en 60 cuotas, pero no contempla condonaciones de multas ni de intereses acumulados.

Frente a las complicaciones financieras que atraviesan comerciantes, industriales y prestadores de servicios, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) puso en marcha un esquema extraordinario de facilidades. La propuesta ofrece alternativas para saldar compromisos vencidos en hasta 60 meses, aplicando diferentes niveles de interés según el plazo seleccionado.

La iniciativa quedó oficializada mediante la Resolución General AREF 709/2026. La ventana de adhesión se habilitó el 15 de octubre pasado y caducará el 31 de diciembre.

Desde la entidad explicaron que el incremento en los niveles de mora obligó a implementar herramientas acordes al escenario productivo actual. El propósito central consiste en facilitar la regularización de aquellos saldos exigibles al 30 de septiembre de 2026, al tiempo que el fisco provincial busca recuperar recursos adeudados. Este mecanismo convivirá con la moratoria general vigente desde noviembre de 2025.

Condiciones financieras, cuotas y tributos alcanzados

El programa habilita financiamientos en hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas, fijando un piso de $20.000 para cada liquidación. La actualización se calculará bajo el sistema francés, con las siguientes tasas:

  • 2 a 6 cuotas: Sin interés (0%).

  • 7 a 12 cuotas: Tasa del 1%.

  • 13 a 24 cuotas: Tasa del 1,5%.

  • 25 a 60 cuotas: Tasa del 2%.

Los contribuyentes podrán incluir deudas por Ingresos Brutos (junto a sus alícuotas especiales para previsión y servicios sociales), Sellos, Inmobiliario Rural, tasas de verificación de procesos productivos, más los recargos e intereses acumulados. También entran en el beneficio las deudas en trámite judicial o administrativo y aquellos planes caídos con anterioridad. Para el caso particular de los agentes de retención o percepción que no hayan girado los fondos retenidos al Estado, el máximo de cuotas se acorta a 12.

Sin quitas de moras ni multas

A diferencia de convocatorias pasadas, este régimen no otorga bonificaciones ni condona sanciones, multas o intereses punitorios, moratorios o resarcitorios. Asimismo, quedan al margen de la medida las obligaciones incorporadas en planes vigentes al 30 de septiembre de 2026 que no hayan caducado, como así también quienes afronten procesos penales por ilícitos tributarios.

El trámite es completamente digital y debe completarse en la plataforma Ventanilla de Trámites de AREF. La confirmación del acuerdo se logra tras saldar el primer vencimiento, y los montos posteriores se cobran a través de débito automático. La falta de pago de dos cuotas (seguidas o discontinuas) provocará la baja automática del beneficio 30 días después del vencimiento de la segunda cuota adeudada.

En cuanto a las causas en la Justicia, el ingreso al plan implica la aceptación de la deuda y el desistimiento de apelaciones. Sin embargo, las medidas cautelares y embargos trabados no se levantarán de forma automática, sino que continuarán hasta la cancelación total de la deuda.

Las diferencias con los antecedentes de 2024 y 2025

El antecedente directo se remonta a octubre de 2024 con la Ley Provincial 1557, que daba hasta 84 cuotas a PyMEs y 48 a grandes empresas, con quitas de intereses y perdón de multas. Luego, en diciembre de 2025, la Ley Provincial 1603 fijó plazos de hasta 60 y 36 cuotas según la categoría del contribuyente, también con rebajas en los recargos. La novedad del esquema actual radica en que no hace distinciones por la envergadura de la firma ni quita un solo peso de recargos o multas acumuladas.

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Economía

RGA Alimentos cerró 2025 con ganancias y amplió su producción a seis nuevas líneas

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La empresa estatal de Río Grande registró un crecimiento real del 52,5% en sus ventas, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y redujo su pasivo total un 83%. Además, avanzó en la diversificación de su marca RGA Alimentos, incorporando nuevos rubros productivos y manteniendo aumentos de precios por debajo de la inflación.

Río Grande Activa Sociedad del Estado (RGA) presentó un balance positivo por segundo año consecutivo y consolidó su crecimiento económico y productivo. Durante el ejercicio 2025, la empresa alcanzó una facturación de $190 millones, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y logró reducir considerablemente sus compromisos financieros.

Los resultados fueron expuestos por el presidente de la firma, Juan Pablo Deluca, ante el Concejo Deliberante, en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2027. Se trató de su tercera presentación consecutiva, en la que también detalló los avances registrados durante 2026 y la estrategia de diversificación de la producción local.

Durante su exposición, Deluca recordó que en los primeros años del proyecto existían interrogantes sobre su viabilidad económica, pero sostuvo que los resultados de los últimos balances permitieron demostrar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que el desafío actual consiste en definir el ritmo de crecimiento y expansión de la capacidad productiva.

Crecimiento económico y reducción de deudas

De acuerdo con los estados contables correspondientes a 2025, RGA facturó $190 millones, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto del período anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.

La ganancia obtenida alcanzó los $24,7 millones, equivalente al 13% de las ventas y un 60% superior a la registrada durante 2024. Otro de los indicadores destacados fue la reducción del pasivo total en un 83%, junto con la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes con proveedores.

Deluca también remarcó que los gastos operativos, el pago a proveedores y las mejoras de infraestructura fueron cubiertos con recursos generados por la propia empresa. Según explicó, durante 2025 y 2026 no se concretaron los aportes de capital que estaban previstos por parte del Municipio.

Otro aspecto señalado durante la presentación fue la evolución de los precios. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el kilo de pollo RGA registró un aumento del 25,2%, mientras que la inflación de la canasta básica alimentaria regional alcanzó el 36,9%.

Seis líneas productivas para ampliar la oferta de alimentos

Uno de los principales avances presentados correspondió al proceso de diversificación impulsado durante 2026. Frente a las dificultades logísticas para trasladar pollitos BB mediante transporte aéreo, la empresa avanzó en la consolidación de nuevas actividades productivas bajo la marca RGA Alimentos.

La estrategia permitió desarrollar seis líneas que integran a productores, pequeñas y medianas empresas e instituciones locales:

  • Producción frutihortícola y ajo violeta.
  • Frutillas fueguinas.
  • Condimentos.
  • Línea porcina.
  • Plantines productivos.
  • Biofertilizantes.

El objetivo de esta expansión es incorporar nuevos actores de la economía local y facilitar que sus productos puedan llegar a los distintos puntos de comercialización de la provincia.

Al referirse al impacto de esta política, Deluca destacó que Río Grande pasó de producir apenas el 2% de los alimentos que consumía a superar actualmente el 14%. Además, indicó que el desarrollo productivo alcanza a unas 500 unidades de producción y alrededor de 1.500 familias.

De esta manera, RGA busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción local, la incorporación de nuevos rubros y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la disponibilidad de alimentos producidos en Tierra del Fuego.

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Economía

Ushuaia modernizará el estacionamiento medido: la Cámara de Comercio estará a cargo del sistema por cinco años

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El acuerdo con el Municipio contempla nuevas herramientas digitales, distintas alternativas de pago y una ampliación progresiva de las zonas alcanzadas. La iniciativa también busca mejorar la circulación vehicular y facilitar el acceso a los comercios.

La Cámara de Comercio de Ushuaia celebró la puesta en marcha de un proceso de modernización del estacionamiento medido, luego de formalizar un acuerdo de cooperación con el Municipio que le permitirá asumir la administración del servicio.

La iniciativa fue oficializada mediante un decreto firmado por el intendente Walter Vuoto y establece que la entidad mercantil tendrá a su cargo la administración, fiscalización y control operativo del sistema durante un período de cinco años.

Una plataforma digital y nuevas formas de pago

Uno de los principales cambios previstos apunta a incorporar herramientas tecnológicas para facilitar la gestión del estacionamiento. Entre ellas se encuentra el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares y una plataforma web, desde las cuales los usuarios podrán administrar el tiempo de estacionamiento y realizar pagos digitales.

El sistema ofrecerá distintas modalidades de pago, entre ellas tarjetas de crédito y débito, homebanking y puntos de recarga presenciales en comercios de la ciudad.

Además, se incorporarán opciones de abonos diarios, semanales, quincenales y mensuales. También está prevista una ampliación progresiva de las zonas comprendidas por el estacionamiento medido.

Los objetivos de la modernización

Los cambios tecnológicos y operativos buscan simplificar el funcionamiento del servicio, favorecer la circulación vehicular y mejorar las condiciones de acceso a los establecimientos comerciales.

Desde la Cámara destacaron que la entidad es una organización no gubernamental sin fines de lucro. En ese sentido, explicaron que los recursos obtenidos a través de sus diferentes iniciativas se destinan al sostenimiento de sus actividades y se reinvierten en proyectos, servicios y acciones vinculados con el desarrollo del comercio y de la comunidad.

Un acuerdo que incluye otras áreas de trabajo

El convenio marco firmado con el Municipio también establece líneas de cooperación que van más allá de la administración del estacionamiento medido.

Entre los ejes previstos se encuentran la capacitación, la asistencia técnica, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del entramado productivo local.

Asimismo, se contemplan acciones destinadas a mejorar los espacios comerciales, la transitabilidad y las condiciones de seguridad y circulación en distintos sectores de Ushuaia.

Desde la institución valoraron el trabajo conjunto entre el Estado municipal y el sector privado, y señalaron que este tipo de acuerdos permite impulsar proyectos orientados a las necesidades del comercio y a generar mejoras para los vecinos y visitantes de la ciudad.

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Tierra del Fuego refuerza los controles sobre operaciones inmobiliarias para prevenir maniobras financieras ilegales

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Una nueva disposición del Registro de la Propiedad Inmueble incorpora requisitos adicionales para determinadas operaciones inmobiliarias vinculadas con la compraventa de propiedades, movimientos societarios y constitución de fideicomisos. Los escribanos y profesionales alcanzados deberán informar datos fiscales, declarar la condición de Persona Expuesta Políticamente de los intervinientes y, cuando corresponda, identificar a los beneficiarios finales de las entidades adquirentes. La medida tiene vigencia desde el 8 de noviembre de 2026 y alcanza a las delegaciones de Ushuaia y Río Grande.

El Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del Fuego implementó nuevas exigencias para la inscripción de determinadas operaciones inmobiliarias, en el marco de las disposiciones nacionales orientadas a prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La actualización quedó establecida mediante la Disposición Técnico Registral 1/2026, que incorpora requisitos documentales y mecanismos de control para operaciones consideradas específicas por su naturaleza económica y patrimonial. Su aplicación alcanza tanto a la delegación de Ushuaia como a la de Río Grande.

La normativa, sin embargo, no comprende a todas las compraventas de inmuebles ni a la totalidad de los trámites registrales. Está dirigida a documentos presentados por profesionales que tengan la condición de Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y que soliciten la inscripción de actos encuadrados dentro de las denominadas Actividades Específicas (AE).

Qué operaciones inmobiliarias estarán bajo los nuevos controles

Uno de los principales supuestos contemplados es la compraventa de inmuebles cuyo valor supere los 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), tomando como referencia el monto vigente al momento de otorgarse el acto.

No obstante, las nuevas disposiciones también incluyen operaciones que involucran a sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Entre ellas se encuentran:

  • Daciones en pago: transferencias de inmuebles a personas jurídicas o fiduciarios de fideicomisos, vinculadas con aportes destinados a la creación, funcionamiento o administración de esas estructuras.
  • Aportes de capital: incorporación de propiedades al patrimonio de sociedades, así como operaciones relacionadas con aumentos o reducciones de capital.
  • Fusiones y reorganizaciones societarias: inscripciones inmobiliarias derivadas de fusiones, escisiones, transformaciones o cambios de denominación de sociedades.
  • Constitución de fideicomisos: transferencias de inmuebles destinadas a integrar un patrimonio fiduciario.
  • Sustitución de fiduciarios: modificaciones en la persona responsable de administrar un fideicomiso.
  • Adjudicaciones y extinciones de fideicomisos: operaciones vinculadas con el cumplimiento de los contratos fiduciarios o los procesos de liquidación.

La incorporación de estas actividades apunta a mejorar la trazabilidad de los movimientos patrimoniales y permitir una identificación más precisa de las personas y estructuras que participan en operaciones inmobiliarias que pueden presentar mayores riesgos financieros.

Cuándo será obligatoria la declaración de beneficiarios finales

Uno de los puntos centrales de la disposición establece la obligación de presentar una Declaración Jurada sobre Beneficiario Final en determinadas transferencias de dominio autorizadas a partir del 8 de noviembre de 2026.

El requisito se aplicará cuando la operación constituya una Actividad Específica y quien adquiera el inmueble sea una persona jurídica o estructura jurídica comprendida en la Resolución UIF N° 112/2021.

El objetivo es identificar a las personas humanas que, en última instancia, son propietarias, ejercen el control o reciben los beneficios de la entidad que interviene como adquirente. De esta manera, se busca evitar que la utilización de sociedades comerciales, fideicomisos u otras figuras jurídicas dificulte conocer quiénes se encuentran realmente detrás de una operación.

El formulario correspondiente deberá descargarse del sitio oficial del Registro de la Propiedad Inmueble, completarse en formato digital y adjuntarse a la documentación presentada para solicitar la inscripción.

La declaración podrá ser firmada por quien otorga el acto, su representante legal o el profesional autorizante, siempre que este último intervenga en calidad de Sujeto Obligado.

La exigencia contempla una excepción para las personas jurídicas públicas enumeradas en el artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación. En esos casos, el escribano deberá dejar constancia de esa condición en el apartado de observaciones de la minuta registral.

Qué información deberán presentar los escribanos

La disposición también establece nuevas obligaciones informativas para los profesionales que intervengan en operaciones comprendidas dentro de las Actividades Específicas.

En primer lugar, deberán consignar sus respectivos números de CUIT, tanto del profesional que autorizó el acto como de quien solicita su inscripción. Esta información permitirá al Registro verificar que ambos se encuentren registrados como Sujetos Obligados ante la UIF.

Además, tendrán que informar si las personas que participan en la operación poseen o no la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.

Esta categoría comprende a quienes desempeñan o desempeñaron determinadas funciones públicas y, debido a esa condición, están alcanzados por mecanismos especiales de identificación y control.

A estos requisitos se suma la declaración jurada sobre Beneficiarios Finales, cuya presentación dependerá del tipo de operación y de las características jurídicas de quien adquiere el inmueble.

Con la entrada en vigencia de estas disposiciones, Tierra del Fuego incorpora mayores exigencias de información y verificación en determinadas operaciones inmobiliarias. El nuevo esquema busca fortalecer los mecanismos de transparencia registral y adecuar los procedimientos provinciales a los estándares nacionales de prevención de maniobras financieras ilícitas

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