El Gobierno lanzará en los próximos días «una serie de medidas» para frenar la inflación
Desde el Ejecutivo nacional indicaron que la decisión es la de intervenir» para «defender el derecho de los ciudadanos», ante el aumento «de manera inaudita» registrado en las últimas semanas de los precios internacionales de los commodities.
El Gobierno lanzará en los próximos días «una serie de medidas» con el objetivo de frenar la inflación, en especial la suba que registran los precios de los alimentos.
En su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, dijo que «en los próximos días» el Gobierno dará a conocer una «serie de medidas» contra la inflación, aunque no debe esperarse «un plan milagroso» para resolver un problema que es «multicausal».
La funcionaria dijo que se está librando una «guerra» contra la suba de precios que ya era alta en 2019 durante la administración macrista y se agravó como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguró.
La funcionaria ratificó que «las retenciones a los granos no van a ser modificadas por el Gobierno nacional», ya que un cambio de ese tipo es «facultad del Congreso».
Las medidas
«Lo que sí tiene definido el Gobierno es la decisión de intervenir» para «defender el derecho de los ciudadanos», ante el aumento «de manera inaudita» registrado en las últimas semanas de los precios internacionales de los commodities, entre los que se encuentran los granos, el petróleo y el gas, precisó.
Cerruti remarcó que no habrá «un plan anti-inflacionario de diez puntos, como tantas veces se anunció» en otras épocas, sino que se irán dando a conocer «una serie de medidas» en «los próximos días».
Además, destacó que el presidente se viene reuniendo con el equipo económico para delinear las medidas y aseguró que no está en estudio «una suba generalizada de las retenciones» sino que hay «conversaciones con aceiteras y otros sectores» de la industria de alimentos para «garantizar el precio de la harina y el aceite».
«Si esto no sucede, existe la posibilidad de modificar la alícuota de los productos derivados de la soja», dijo Cerruti, en referencia a la decisión tomada por el Gobierno el domingo pasado de suspender el registro de exportaciones de aceite y harina de soja.
Estos derivados tributaban hasta la suspensión una alícuota de 31%, que podría pasar a ser de 33% en el caso de que se retiren los alicientes que en su momento dispuso de manera directa el Poder Ejecutivo.
El tema precios sumó un nuevo ingrediente con la difusión de la canasta básica alimentaria de febrero, que marcó un incremento de 9% respecto al mes previo.
«Los precios mundiales de los alimentos, que ya estaban en máximos históricos (un aumento del 23% el año pasado), han alcanzado nuevos máximos desde que comenzó la guerra en Ucrania», remarcó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, a través de su cuenta de Twitter.
Agregó que «los pobres que gastan una mayor parte en alimentos serán los más afectados; el impacto de los precios repercutirá en todo el mundo y aumentará la inflación en todas partes».
El FMI midió el impacto de los alimentos en el índice de precios al consumidor de naciones avanzadas y en desarrollo.
En base a los números informados por el FMI, mientras que para las economías avanzadas la participación de los alimentos representa aproximadamente el 17% del total del índice que mide los precios al consumidor, para las regiones más pobres de África este rubro explica alrededor del 50%, un dato más que elocuente de que el alza de precios será mucho más pronunciada en los países más pobres.
En tanto, en América Latina los precios de los alimentos representan cerca de un 23% en la canasta, precisó el organismo, algo que también pone sobre la mesa el fuerte impacto que representa para los sectores de menores recursos.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania podría «poner en duda» el fuerte rebote económico mundial tras la pandemia de coronavirus, produciendo más inflación y menor crecimiento.
De acuerdo con el informe del organismo con sede en París, se estima que el crecimiento global sea 1% menor al previsto originalmente (de 4,5%) como resultado del conflicto con una «profunda recesión en Rusia», mientras que la inflación, ya previamente elevada debido a los problemas mundiales de suministro, se elevaría en promedio un 2,5% en el mundo.
«La presión mundial en la oferta de commodities está exacerbando las disrupciones en las cadenas de suministro que provocó la pandemia, y posiblemente afecte a los consumidores y las empresas por un tiempo», afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann al presentar el informe.
Por su parte, la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, indicó que la guerra «va a afectar la recuperación mundial y elevar la inflación» y que «la política gubernamental posee un rol crucial para restablecer algunas de las certidumbres que hemos perdido».
La organización, que reúne a 38 países, recomendó «políticas monetarias que anclen las expectativas de inflación» y «medidas fiscales temporarias y focalizadas para amortiguar el impacto en los consumidores y empresas», que si están bien diseñadas, añadirían una presión menor a la inflación.
Por último, subrayó la necesidad de realizar «transferencias monetarias temporarias dirigidas a los consumidores más vulnerables para mitigar la suba en los precios de la energía» que «pueden ser financiadas, en algunos países, a través del cobro de impuestos de las ganancias extraordinarias».
El Decreto 1366/2026 introduce cambios en las condiciones para reconocer proveedores nacionales, habilita nuevas operaciones societarias y amplía las alternativas de financiamiento de los proyectos. La medida fue publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases, con el objetivo de ajustar su implementación y precisar las condiciones para acceder a los beneficios previstos.
Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa modifica distintos puntos del Decreto 749/2024, que regula el funcionamiento del régimen.
Nuevos criterios para reconocer proveedores nacionales
Uno de los cambios centrales establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras nacionales sin importar la nacionalidad o el lugar de residencia de sus accionistas, ni quiénes integren su capital.
En el caso de los bienes, se mantiene la obligación de acreditar el origen nacional de acuerdo con los criterios establecidos por el Mercosur.
Además, la reglamentación incorpora precisiones sobre los plazos de inversión. Los proyectos deberán establecer una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido, diferenciando esa obligación general de los desembolsos específicos requeridos para cada etapa de ejecución.
Cambios en la estructura societaria de los proyectos
El decreto también introduce modificaciones en las condiciones para realizar operaciones societarias dentro del RIGI.
A partir de ahora, se permite expresamente adquirir acciones o participaciones de empresas adheridas al régimen sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios obtenidos. Sin embargo, las adquisiciones realizadas después de la solicitud de adhesión no podrán computarse como nuevas inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.
Por otra parte, los integrantes de uniones transitorias y otros contratos asociativos podrán transferir sus participaciones o incorporar nuevos miembros. Para hacerlo, deberán informar la operación y demostrar que se mantienen los compromisos de inversión y las garantías asumidas.
La normativa también habilita a las sucursales dedicadas incorporadas al RIGI a reorganizarse y transferir la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima creada específicamente para ese propósito. La operación podrá concretarse sin perder la adhesión original ni los beneficios del régimen.
Más alternativas para financiar las inversiones
Otro de los puntos modificados está relacionado con la acreditación del ingreso de divisas destinadas al financiamiento de los proyectos.
Además de los fondos ingresados directamente por el vehículo de inversión, podrán computarse aportes y préstamos provenientes del exterior realizados por accionistas, integrantes de contratos asociativos y sociedades vinculadas.
Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al desarrollo del proyecto y quedar debidamente registrados.
El desembolso corresponde a un mes de servicio para el Centro de Vialidad N.º 2, entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de 2026. El contrato había sido adjudicado por un período inicial de tres meses y contemplaba un costo cercano a los 800 mil dólares.
El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó el pago de 217.800 dólares estadounidenses a Sullair Argentina S.A. por el alquiler de equipos destinados a la generación de energía eléctrica en el Centro de Vialidad N.º 2.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 71/26 del Ministerio de Energía, publicada en la última edición del Boletín Oficial provincial. Según se detalla en la disposición, el importe corresponde a la factura B N.º 0145-00000009, emitida por la empresa.
El servicio facturado comprende un mes de utilización de los generadores, correspondiente al período que se extiende desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2026.
Un contrato que supera los 800 mil dólares
La contratación se realizó mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, cuyo pliego de condiciones fue aprobado previamente por una resolución del Ministerio de Energía. Posteriormente, a través del Decreto 1635/2026, el Gobierno adjudicó el procedimiento a Sullair Argentina S.A.
El acuerdo original entre la Provincia y la firma contemplaba el alquiler de los equipos generadores durante tres meses, por un monto que rondaba los 800 mil dólares.
Cómo se calculará el pago en pesos
La resolución establece que, aunque la factura está expresada en dólares, el desembolso se realizará en pesos argentinos. Para determinar el importe final se utilizará la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de pago.
De acuerdo con la última cotización mencionada en la disposición, los US$ 217.800 representan aproximadamente 340 millones de pesos. Sin embargo, el monto definitivo dependerá del tipo de cambio vigente al momento de concretarse la operación.
El documento también señala que el gasto tiene incidencia económica y financiera sobre el patrimonio provincial durante el ejercicio en curso y que cuenta con el correspondiente devengamiento presupuestario.
Finalmente, se instruyó a realizar el pago total de la factura a favor de Sullair Argentina S.A., con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Energía.
La empresa estatal de Río Grande registró un crecimiento real del 52,5% en sus ventas, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y redujo su pasivo total un 83%. Además, avanzó en la diversificación de su marca RGA Alimentos, incorporando nuevos rubros productivos y manteniendo aumentos de precios por debajo de la inflación.
Río Grande Activa Sociedad del Estado (RGA) presentó un balance positivo por segundo año consecutivo y consolidó su crecimiento económico y productivo. Durante el ejercicio 2025, la empresa alcanzó una facturación de $190 millones, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y logró reducir considerablemente sus compromisos financieros.
Los resultados fueron expuestos por el presidente de la firma, Juan Pablo Deluca, ante el Concejo Deliberante, en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2027. Se trató de su tercera presentación consecutiva, en la que también detalló los avances registrados durante 2026 y la estrategia de diversificación de la producción local.
Durante su exposición, Deluca recordó que en los primeros años del proyecto existían interrogantes sobre su viabilidad económica, pero sostuvo que los resultados de los últimos balances permitieron demostrar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que el desafío actual consiste en definir el ritmo de crecimiento y expansión de la capacidad productiva.
Crecimiento económico y reducción de deudas
De acuerdo con los estados contables correspondientes a 2025, RGA facturó $190 millones, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto del período anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.
La ganancia obtenida alcanzó los $24,7 millones, equivalente al 13% de las ventas y un 60% superior a la registrada durante 2024. Otro de los indicadores destacados fue la reducción del pasivo total en un 83%, junto con la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes con proveedores.
Deluca también remarcó que los gastos operativos, el pago a proveedores y las mejoras de infraestructura fueron cubiertos con recursos generados por la propia empresa. Según explicó, durante 2025 y 2026 no se concretaron los aportes de capital que estaban previstos por parte del Municipio.
Otro aspecto señalado durante la presentación fue la evolución de los precios. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el kilo de pollo RGA registró un aumento del 25,2%, mientras que la inflación de la canasta básica alimentaria regional alcanzó el 36,9%.
Seis líneas productivas para ampliar la oferta de alimentos
Uno de los principales avances presentados correspondió al proceso de diversificación impulsado durante 2026. Frente a las dificultades logísticas para trasladar pollitos BB mediante transporte aéreo, la empresa avanzó en la consolidación de nuevas actividades productivas bajo la marca RGA Alimentos.
La estrategia permitió desarrollar seis líneas que integran a productores, pequeñas y medianas empresas e instituciones locales:
Producción frutihortícola y ajo violeta.
Frutillas fueguinas.
Condimentos.
Línea porcina.
Plantines productivos.
Biofertilizantes.
El objetivo de esta expansión es incorporar nuevos actores de la economía local y facilitar que sus productos puedan llegar a los distintos puntos de comercialización de la provincia.
Al referirse al impacto de esta política, Deluca destacó que Río Grande pasó de producir apenas el 2% de los alimentos que consumía a superar actualmente el 14%. Además, indicó que el desarrollo productivo alcanza a unas 500 unidades de producción y alrededor de 1.500 familias.
De esta manera, RGA busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción local, la incorporación de nuevos rubros y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la disponibilidad de alimentos producidos en Tierra del Fuego.