Una nueva disposición del Registro de la Propiedad Inmueble incorpora requisitos adicionales para determinadas operaciones inmobiliarias vinculadas con la compraventa de propiedades, movimientos societarios y constitución de fideicomisos. Los escribanos y profesionales alcanzados deberán informar datos fiscales, declarar la condición de Persona Expuesta Políticamente de los intervinientes y, cuando corresponda, identificar a los beneficiarios finales de las entidades adquirentes. La medida tiene vigencia desde el 8 de noviembre de 2026 y alcanza a las delegaciones de Ushuaia y Río Grande.
El Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del Fuego implementó nuevas exigencias para la inscripción de determinadas operaciones inmobiliarias, en el marco de las disposiciones nacionales orientadas a prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La actualización quedó establecida mediante la Disposición Técnico Registral 1/2026, que incorpora requisitos documentales y mecanismos de control para operaciones consideradas específicas por su naturaleza económica y patrimonial. Su aplicación alcanza tanto a la delegación de Ushuaia como a la de Río Grande.
La normativa, sin embargo, no comprende a todas las compraventas de inmuebles ni a la totalidad de los trámites registrales. Está dirigida a documentos presentados por profesionales que tengan la condición de Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y que soliciten la inscripción de actos encuadrados dentro de las denominadas Actividades Específicas (AE).
Qué operaciones inmobiliarias estarán bajo los nuevos controles
Uno de los principales supuestos contemplados es la compraventa de inmuebles cuyo valor supere los 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), tomando como referencia el monto vigente al momento de otorgarse el acto.
No obstante, las nuevas disposiciones también incluyen operaciones que involucran a sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Entre ellas se encuentran:
- Daciones en pago: transferencias de inmuebles a personas jurídicas o fiduciarios de fideicomisos, vinculadas con aportes destinados a la creación, funcionamiento o administración de esas estructuras.
- Aportes de capital: incorporación de propiedades al patrimonio de sociedades, así como operaciones relacionadas con aumentos o reducciones de capital.
- Fusiones y reorganizaciones societarias: inscripciones inmobiliarias derivadas de fusiones, escisiones, transformaciones o cambios de denominación de sociedades.
- Constitución de fideicomisos: transferencias de inmuebles destinadas a integrar un patrimonio fiduciario.
- Sustitución de fiduciarios: modificaciones en la persona responsable de administrar un fideicomiso.
- Adjudicaciones y extinciones de fideicomisos: operaciones vinculadas con el cumplimiento de los contratos fiduciarios o los procesos de liquidación.
La incorporación de estas actividades apunta a mejorar la trazabilidad de los movimientos patrimoniales y permitir una identificación más precisa de las personas y estructuras que participan en operaciones inmobiliarias que pueden presentar mayores riesgos financieros.
Cuándo será obligatoria la declaración de beneficiarios finales
Uno de los puntos centrales de la disposición establece la obligación de presentar una Declaración Jurada sobre Beneficiario Final en determinadas transferencias de dominio autorizadas a partir del 8 de noviembre de 2026.
El requisito se aplicará cuando la operación constituya una Actividad Específica y quien adquiera el inmueble sea una persona jurídica o estructura jurídica comprendida en la Resolución UIF N° 112/2021.
El objetivo es identificar a las personas humanas que, en última instancia, son propietarias, ejercen el control o reciben los beneficios de la entidad que interviene como adquirente. De esta manera, se busca evitar que la utilización de sociedades comerciales, fideicomisos u otras figuras jurídicas dificulte conocer quiénes se encuentran realmente detrás de una operación.
El formulario correspondiente deberá descargarse del sitio oficial del Registro de la Propiedad Inmueble, completarse en formato digital y adjuntarse a la documentación presentada para solicitar la inscripción.
La declaración podrá ser firmada por quien otorga el acto, su representante legal o el profesional autorizante, siempre que este último intervenga en calidad de Sujeto Obligado.
La exigencia contempla una excepción para las personas jurídicas públicas enumeradas en el artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación. En esos casos, el escribano deberá dejar constancia de esa condición en el apartado de observaciones de la minuta registral.
Qué información deberán presentar los escribanos
La disposición también establece nuevas obligaciones informativas para los profesionales que intervengan en operaciones comprendidas dentro de las Actividades Específicas.
En primer lugar, deberán consignar sus respectivos números de CUIT, tanto del profesional que autorizó el acto como de quien solicita su inscripción. Esta información permitirá al Registro verificar que ambos se encuentren registrados como Sujetos Obligados ante la UIF.
Además, tendrán que informar si las personas que participan en la operación poseen o no la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.
Esta categoría comprende a quienes desempeñan o desempeñaron determinadas funciones públicas y, debido a esa condición, están alcanzados por mecanismos especiales de identificación y control.
A estos requisitos se suma la declaración jurada sobre Beneficiarios Finales, cuya presentación dependerá del tipo de operación y de las características jurídicas de quien adquiere el inmueble.
Con la entrada en vigencia de estas disposiciones, Tierra del Fuego incorpora mayores exigencias de información y verificación en determinadas operaciones inmobiliarias. El nuevo esquema busca fortalecer los mecanismos de transparencia registral y adecuar los procedimientos provinciales a los estándares nacionales de prevención de maniobras financieras ilícitas