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Caso LeoLabs: una inspección en Tolhuin constató que no hay suministro eléctrico en las inmediaciones del radar

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La Comisión Investigadora Especial por el caso LeoLabs realizó una inspección ambiental en el predio de la estancia El Relincho, en Tolhuin, donde se constató que no existe suministro eléctrico en las inmediaciones del radar. El relevamiento contó con la colaboración de técnicos de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

La recorrida se llevó adelante el martes 10 de noviembre, a partir de un pedido de los integrantes de la comisión y en el marco de las facultades de control ambiental que tiene la Provincia. Según señaló el presidente del cuerpo investigador, Pablo Villegas, se trató de una intervención que hasta el momento no se había concretado en el desarrollo de esta investigación.

Para realizar la evaluación técnica participaron trabajadores de la DPE de Tolhuin y el ingeniero electrónico Carlos Pane, integrante de la UNTDF. Su colaboración permitió verificar las condiciones del sector y sumar conocimientos especializados al procedimiento.

Villegas destacó el aporte del personal técnico de Energía, que permitió comprobar la ausencia de alimentación eléctrica en las inmediaciones de la instalación. Sin embargo, aclaró que la inspección tuvo algunas limitaciones, ya que la comitiva no pudo ingresar al terreno cercado donde se encuentra emplazado el radar.

«Nos hubiera gustado ingresar para poder, a través de la intervención de este ingeniero, ver algunas otras cuestiones», manifestó el legislador.

Además, consideró que habría sido importante contar con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuya intervención no pudo concretarse.

La investigación busca determinar cómo se autorizó la instalación

Más allá de las limitaciones del relevamiento, Villegas sostuvo que la comisión debe continuar reuniendo información para reconstruir las circunstancias que permitieron la instalación del dispositivo y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos provinciales.

En ese sentido, explicó que la investigación comprende distintas actuaciones administrativas vinculadas con el caso. Entre ellas se encuentran la prestación del servicio eléctrico por parte de la DPE, la autorización ambiental otorgada por el entonces Ministerio de Producción y Ambiente y el permiso concedido a nivel nacional por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la empresa LeoLabs.

El legislador también recordó que el Ministerio de Defensa de la Nación había advertido sobre las implicancias del equipamiento al señalar que «atenta contra la seguridad nacional».

A partir de estos antecedentes, la comisión busca establecer cómo se desarrollaron los procedimientos administrativos que posibilitaron la instalación de un dispositivo de estas características en el interior de la isla.

Otro de los puntos cuestionados por Villegas fue la ausencia de varios exfuncionarios del Gobierno provincial que habían sido convocados para prestar declaración testimonial. Según indicó, esas incomparecencias serán analizadas por los integrantes de la comisión, ya que sus testimonios eran considerados importantes para reconstruir los hechos.

La comisión prepara el informe final

De la inspección también participaron las legisladoras Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, la secretaria legislativa Nadia Luján, funcionarios de la cartera de Ambiente, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia y representantes de medios de comunicación.

Tras finalizar la recorrida, la Comisión Investigadora quedó a la espera de los resultados del relevamiento realizado por la Dirección General de Política y Gestión Ambiental del Ejecutivo provincial. Mientras tanto, continuará con la recopilación y el análisis de la documentación y los elementos incorporados al expediente.

El objetivo de sus integrantes es completar las actuaciones antes del 15 de diciembre y presentar un informe final con las conclusiones de la investigación.

Villegas también adelantó que evalúan convocar a una reunión adicional para avanzar con las últimas medidas pendientes, aunque reconoció que los tiempos disponibles son cada vez más ajustados.

«Se nos están agotando los tiempos y es mucho el laburo que hay que hacer», expresó el presidente de la comisión.

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