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Política

Cristina Kirchner volvió a criticar el acuerdo de Macri con el FMI: «Es escandaloso lo que hicieron»

La vicepresidenta se hizo eco del informe de la Auditoría General de la Nación sobre el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. Apuntó a la «cronología de la manganeta» y advirtió sobre las sucesivas violaciones a la ley en las que incurrió la gestión de Cambiemos.

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Cristina Kirchner volvió a criticar el acuerdo de Macri con el FMI: «Es escandaloso lo que hicieron»

Cristina Kirchner resaltó a través de las redes sociales el informe en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció múltiples incumplimientos cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó”, afirmó la vicepresidenta, que apuntó a la “cantidad enorme de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo”. “Lo podríamos titular Cronología de la manganeta”, aseguró.

A través de las redes sociales, Cristina compartió dos videos del informe de la AGN que revelan una serie de irregularidades en el otorgamiento del acuerdo con el FMI. «No es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la AGN que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del FMI», remarcó la vicepresidenta.

Además, Cristina explicó que la AGN «es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó», sintetizó la vicepresidenta, que luego publicó otro de los videos del organismo: «Lo podríamos Cronología de la manganeta. Se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino».

Las irregularidades del acuerdo de Macri con el FMI que detectó la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Macri al firmar el acuerdo que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares.

Según el relevamiento, la auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.

Por otra parte, se reveló que además se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.

El informe fue aprobado por mayoría en una reunión llevada adelante en la sede de la AGN de la que participación su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.

El auditor general Francisco Javier Fernández, como presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica, presentó un video a modo de resumen y explicó los hallazgos principales destacando la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI y por la importancia del financiamiento.

Deuda record y fuga

La AGN informó que el acuerdo resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, determinando que, por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos.

Los fondos ingresados de la deuda con el FMI se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda detectándose que el 71 por ciento de los mismos, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda de corto plazo emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el mismo gobierno de Mauricio Macri.

“Estos pagos resultaron en una masa de recursos volcada al mercado que coexistió con una salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”, remarcó la AGN en el comunicado distribuido este miércoles.

Asimismo, el organismo resaltó la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública. En el informe se destaca incluso que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo dado que existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by.

Como conclusión, la auditoría especializada señaló que los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. “El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”, subrayó el organismo.

El informe de la AGN, que tiene 200 páginas y se difundirá completo dentro de un par de semanas, le será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Magistrada que tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar por Capuchetti, a pesar de que pasó más de un año y medio desde aquella imputación.

Antecedente

La AGN ya había aprobado el pasado 8 de febrero un informe sobre la cuenta de inversión de 2018. En aquella oportunidad el organismo evaluó el estado de la deuda publica incluida en los estados contables de la rendición anual de cuentas de la nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los movimientos y registros realizados. Allí se subrayó que a fines de 2018 la deuda publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 por ciento del PIB, en comparación al año anterior que fue de 320.935 millones de dólares equivalente al 56,5 por ciento del PIB. En términos de PIB el peso de esa deuda aumentó en casi 30 puntos del producto y la emisión neta de deuda de ese año ascendió a 55.940 millones de dólares, siendo el préstamo tomado con el FMI la causa central que explicó esa situación.

En el nuevo informe de auditoría aprobado este miércoles se buscó puntualmente determinar el impacto del acuerdo con el FMI en la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública, evaluar si el proceso de toma de crédito con el FMI cumplió con las leyes nacionales y si se evitó el uso indebido de fondos.

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Política

La CGT Ushuaia marchará al Puerto y a la Legislatura para reclamar por la educación pública

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La jornada de protesta se realizará este martes 17 de noviembre. La concentración comenzará en el Puerto para rechazar su intervención nacional y continuará a las 15 desde la sede de UTHGRA hacia el Parlamento fueguino, donde se retomará el tratamiento de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

La Confederación General del Trabajo (CGT), delegación Ushuaia, convocó a una movilización para este martes 17 de noviembre, con actividades en el Puerto de la ciudad y frente a la Legislatura de Tierra del Fuego.

La primera parte de la protesta estará dirigida a expresar el rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), una medida que lleva casi diez meses.

Posteriormente, la concentración se realizará a las 15 en la sede de UTHGRA, ubicada en Monseñor Fagnano 557. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Legislatura provincial para reclamar la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

Reclamo por el financiamiento educativo

La movilización coincidirá con la reanudación del debate parlamentario sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Melella. El tratamiento y la votación comenzarán a las 11, luego de que la discusión quedara pendiente tras el cuarto intermedio dispuesto por los legisladores durante la última sesión ordinaria.

Desde la central sindical ratificaron su respaldo a la iniciativa y convocaron a participar de la marcha. “Marchamos hacia la Legislatura. Tierra del Fuego necesita hoy más que nunca la Ley de Financiamiento Educativo. La educación pública se defiende en las calles”, expresaron.

El encuentro previo con legisladores

La decisión de movilizarse fue adoptada luego de una reunión realizada el jueves pasado, de la que participaron los legisladores Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, Tomás García, del PJ, y Federico Sciurano, de la UCR, junto con representantes de distintos sindicatos.

Durante el encuentro se analizaron los alcances del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial y las diferentes posiciones existentes en torno a la iniciativa, que todavía debe ser definida en el ámbito legislativo.

Desde la CGT explicaron que el propósito de la reunión era conocer los argumentos de los representantes políticos y sus posturas frente a la propuesta. Además, remarcaron la relevancia de debatir una ley que, según señalaron, involucra al conjunto de la sociedad fueguina.

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Política

Tierra del Fuego destinará más de $105 millones al Fondo Residual para garantizar su funcionamiento

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El Gobierno provincial oficializó una asistencia financiera de $105.663.563,33 para el organismo creado por la Ley Provincial 478. El desembolso se realizará en cuatro cuotas mensuales, entre octubre de 2026 y enero de 2027, y estará destinado a cubrir gastos corrientes y operativos.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó una nueva asistencia financiera al Fondo Residual de la Ley Provincial 478 por un total de $105.663.563,33, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus actividades y afrontar los gastos necesarios para su funcionamiento.

La medida fue establecida mediante el Decreto Provincial 1924/26, fechado el 3 de noviembre de 2026 y publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de la normativa, se ratificó el convenio de asistencia financiera celebrado entre la Provincia y el organismo, que contempla un esquema de cuatro desembolsos mensuales y consecutivos.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Economía, Barrozo Marte, en representación del Gobierno provincial, y por el administrador del Fondo Residual, el abogado Mijail Emmanuel Álvarez.

Un desembolso dividido en cuatro cuotas

Según lo establecido en el convenio, los fondos serán transferidos de manera escalonada, con los siguientes montos:

  • Octubre de 2026: $22.422.526,48.
  • Noviembre de 2026: $22.787.094,39.
  • Diciembre de 2026: $37.037.712,22.
  • Enero de 2027: $23.416.230,24.

La primera cuota será transferida una vez ratificado el acuerdo, mientras que los desembolsos restantes deberán acreditarse entre los días 1 y 10 de cada mes.

Para concretar las operaciones se utilizará la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 126.500/8, perteneciente al Fondo Residual y abierta en la sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.

El destino de los fondos y la situación económica del organismo

El convenio establece que el dinero deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos corrientes y operativos indispensables para el normal funcionamiento del Fondo Residual y el cumplimiento de las responsabilidades que tiene asignadas.

Entre los conceptos contemplados se encuentran las erogaciones relacionadas con su administración, además de las gestiones, diligencias y actuaciones necesarias para desarrollar sus funciones y otros gastos de naturaleza similar.

Como parte de las condiciones de la asistencia, el organismo deberá presentar ante la Provincia una rendición de cuentas dentro de los 30 días corridos posteriores a cada transferencia. El informe tendrá que detallar los gastos realizados, discriminados por concepto e importe, e incluir una descripción de las acciones llevadas adelante.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo provincial justificó el nuevo aporte a partir de la delicada situación económica que atraviesa la entidad, de carácter privado pero bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El propio administrador había solicitado la asistencia financiera al advertir sobre la falta de autosolvencia y la insuficiencia de recursos para sostener las operaciones.

El Fondo Residual fue creado para administrar y recuperar los activos, créditos y bienes que quedaron en manos del Estado tras la transformación del Banco de Tierra del Fuego (BTF) en sociedad anónima.

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Política

Río Grande alertó por la caída de fondos provinciales y su impacto en los servicios municipales

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Durante la presentación del Presupuesto 2027, el Municipio advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesa y explicó cómo la reducción de recursos condiciona áreas clave como la salud, el transporte público y la obra pública.

El Municipio de Río Grande enfrenta un escenario económico complejo de cara a 2027, marcado por la disminución de los recursos provenientes de la Provincia. La situación fue expuesta por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, durante su presentación ante el Concejo Deliberante, donde detalló los principales desafíos que deberá afrontar la gestión del intendente Martín Perez.

Menos recursos y mayores dificultades para sostener los servicios

En el marco del análisis del Presupuesto 2027, Díaz informó que hasta el momento ingresó aproximadamente el 65 % de los fondos provinciales previstos para el año. Además, estimó que ese porcentaje podría ubicarse entre el 75 % y el 80 % para diciembre.

Según explicó, la falta de esos recursos obliga al Ejecutivo municipal a reorganizar sus prioridades y podría impedir que algunos programas se completen o incluso lleguen a ejecutarse.

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es la salud pública. El funcionario vinculó la pérdida de puestos de trabajo en la industria con un incremento de la demanda en los centros sanitarios municipales, debido a que numerosas familias dejan de contar con cobertura médica.

Otro de los puntos señalados fue la situación del transporte público, que registra una caída cercana al 26 % en la cantidad de pasajeros.

Obras públicas: una inversión de más de 20 mil millones de pesos

A pesar de las restricciones económicas, el proyecto de presupuesto contempla una inversión de 20.105 millones de pesos destinada al Plan de Obras Públicas, que incluye un total de 37 intervenciones.

Díaz defendió la asignación de esos recursos y sostuvo que las obras permitirán avanzar en la finalización de proyectos que ya están en marcha. También destacó su importancia para sostener la generación de empleo y promover el movimiento económico en la ciudad.

La propuesta para reducir la Unidad Fiscal

En materia tributaria, el Ejecutivo municipal presentó una propuesta para disminuir el valor de la Unidad Fiscal mediante una bonificación del 60 %. De aprobarse, el importe pasaría a $508 durante 2027, frente a los $537,72 vigentes actualmente.

La iniciativa también contempla beneficios para los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

En ese sentido, el secretario de Gobierno aseguró que la política impulsada por el Municipio no busca incrementar los impuestos, sino establecer medidas que acompañen a los vecinos en un contexto económico complejo.

La exposición dejó en evidencia los desafíos financieros que deberá afrontar Río Grande durante el próximo año, con el objetivo de sostener los servicios municipales, continuar con las obras previstas y responder a una demanda creciente en distintas áreas.

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