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Denuncias penales contra el intendente que invita a los jóvenes a “tomar poquita” cocaína

Lo acusan de incentivar el consumo de drogas a través de una campaña que se realizó el fin de semana durante un festival solidario

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Denuncias penales contra el intendente que invita a los jóvenes a “tomar poquita” cocaína

Este martes ingresaron dos denuncias penales contra el intendente de Morón Lucas Ghi. Una fue formulada por el abogado Fernando Sarabozo y la otra por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff. Ambas apuntan contra el jefe comunal y otros funcionarios de la Dirección de Juventudes, quienes organizaron un festival cultural, recreativo y gastronómico para toda la familia, pero que terminó envuelto en una polémica por la difusión de una campaña con consejos para lo que consideraron el “consumo responsable de drogas”.

“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos que se entregaban en mano a los presentes en el predio Quinta Seré, en Castelar, a modo de consejos para un consumo responsable.

Según sostiene Sarabozo en el escrito presentado ante el Juzgado Federal 1° a cargo del juez Martín Ramos, “los funcionarios públicos no deben incentivar este tipo de conductas nocivas para la salud, ni naturalizarlas, todo lo contrario, su accionar debe estar dirigido a que se eviten. Es sugestiva esta recomendación a personas que transitan el camino de las drogas y de alguna forma son esclavos de estas adicciones”.

“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos
“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos

La conducta del intendente Ghi como la de los funcionarios municipales encuadraría en los términos del art. 28 de la Ley 23.737 que reza: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de 2 a 8 años…”, sostiene la denuncia penal.

“Independientemente de la responsabilidad penal que le cabe a quienes diseñaron y ordenaron la distribución de estos volantes, no puede desestimarse la que le cabe a los funcionarios jerárquicos que pasivamente lo toleraron y tuvieron los resortes para impedir esta situación y omitieron ejercer los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo”, añadió Sarabozo.

Por tal motivo, añade la denuncia, resultaría aplicable también la figura prevista en el art. 23 de dicha ley que reza: “Sera reprimido …. el funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquellos le impartieren sus superiores jerárquicos …”.

Polémica campaña anti drogas en Morón

Por su parte, el diputado nacional de JxC aseguró que “cuando el Estado fomenta el delito es un Estado delincuencial” y recordó que los hechos podrían constituir los delitos previstos y reprimidos también en el artículo 12, inc. a) de la mencionada ley, como así también el artículo 209 del Código Penal.

En su denuncia, Wolff resalta que en distintos medios los funcionarios de la municipalidad de Morón reconocieron la autoría de la campana y no se arrepintieron de su contenido ni de la forma en que se publicitó el consumo de sustancias prohibidas por la ley.

“La campaña del intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso. Esa conducta se encuentra expresamente prohibida en el artículo 12″, sostuvo el diputado y recordó que “será reprimido con prosión de 2 a 6 años… el que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere otro a consumirlo”.

Asimismo, el legislador recordó que el artículo 209 de CP castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado…”.

Esta mañana, el gobierno porteño también criticó a la provincia de Buenos Aires por la polémica guía que repartieron en el municipio de Morón. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, apuntó contra los sectores que fomentan el consumo de estupefacientes. “El narcotráfico se combate. Mientras en la Ciudad trabajamos para seguir estando al servicio de los ciudadanos, para poder facilitarle la vida a la gente, en otros lugares están enfocados en facilitarle a la gente el acceso a las drogas”, sostuvo.

El festival, denominado “La Minga”, se realiza desde 2001 en MorónEl festival, denominado “La Minga”, se realiza desde 2001 en Morón

En las últimas horas, desde el Municipio se refirieron al contenido difundido y a los mensajes allí incluidos. Aseguraron que la estrategia se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna. Y que dicho programa fue puesto en marcha mediante una ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Morón en junio de 2021.

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Río Grande: el fiscal rechazó el pedido de nulidad de la familia Scariot y ratificó su solicitud de ocho años de prisión

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Ariel Pinno defendió el cambio de calificación legal en el juicio por el homicidio de Alberto “Fino” Scariot y negó haber prometido una condena a prisión perpetua. La defensa oficial también se opuso a que los familiares se incorporen como querellantes. El veredicto se conocerá este martes 17 de noviembre.

El juicio oral por el homicidio de Alberto “Fino” Scariot, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Los Cisnes de Río Grande, ingresó este lunes en su etapa final, en medio de un fuerte enfrentamiento entre la familia de la víctima y el Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, el fiscal Ariel Pinno solicitó al Tribunal que rechace el planteo de nulidad presentado por los familiares, quienes cuestionaron su alegato y la pena de ocho años de prisión efectiva que pidió para Fernando Aarón Moreyra, de 22 años, acusado por el hecho.

La controversia se originó el viernes pasado, cuando Pinno modificó la calificación legal que había sostenido durante la investigación. Dejó de acusar por homicidio agravado por ensañamiento y pasó a solicitar una condena por homicidio simple y lesiones leves.

Moreyra está acusado de haber atacado a Scariot con 34 puñaladas durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025. En el mismo episodio también resultó herido el hijo de la víctima.

El fiscal negó haber prometido prisión perpetua

La decisión generó un fuerte rechazo de los familiares, que cuestionaron el accionar de la Fiscalía y reclamaron contar con representación legal propia. Vanesa Scariot, hermana de Alberto, había afirmado que el fiscal les había asegurado que solicitaría prisión perpetua.

Ante los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández, Pinno negó haber asumido ese compromiso. Explicó que mantener el agravante de ensañamiento era, a su criterio, “imposible” porque no se había acreditado el elemento objetivo necesario para sostener esa calificación.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que, para probar el ensañamiento, debía demostrarse que el acusado prolongó deliberadamente el sufrimiento de la víctima. Según sostuvo, esa circunstancia no pudo acreditarse durante el debate.

También afirmó que había comunicado previamente a los familiares su postura sobre la calificación legal antes de presentar el alegato.

La discusión por la participación de la familia

Pinno cuestionó, además, que los familiares pretendieran incorporarse al proceso en esta instancia. Argumentó que tuvieron un año para solicitar su participación como parte y que no lo hicieron. Durante su exposición también realizó fuertes manifestaciones sobre el entorno familiar de la víctima.

El fiscal insistió en que debe rechazarse el planteo de nulidad y aclaró que los ocho años de prisión solicitados no constituyen un límite para los jueces. En ese sentido, remarcó que el Tribunal tiene la facultad de imponer una pena mayor si considera que las pruebas y las circunstancias del caso lo justifican.

Por su parte, el defensor oficial Eduardo Tepedino, quien debía presentar su alegato este lunes, acompañó la postura de la Fiscalía. Sostuvo que la incorporación de una nueva parte en esta etapa del juicio no está contemplada por el Código Procesal.

El veredicto se conocerá este martes

Con las posiciones de las partes expuestas y el debate en su tramo final, el Tribunal tiene previsto dar a conocer el veredicto este martes 17 de noviembre.

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Impresionante vuelco en la Ruta 3: una joven de 23 años fue derivada al Hospital de Río Grande

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El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura del kilómetro 2940, en la zona norte de Tolhuin. La conductora y un familiar de 39 años fueron trasladados inicialmente al Hospital Modular de la localidad. Posteriormente, la joven fue derivada al nosocomio de Río Grande para recibir atención especializada.

Un accidente vial se registró durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre sobre la Ruta Nacional N.º 3 y motivó un importante operativo de asistencia. Como consecuencia del vuelco, dos personas debieron ser trasladadas al centro de salud de Tolhuin y, posteriormente, una de ellas fue derivada al Hospital Regional de Río Grande.

El hecho ocurrió poco antes de las 4 de la madrugada, a la altura aproximada del kilómetro 2940, en el sector norte de Tolhuin. La intervención comenzó luego de que se recibiera un aviso a través del servicio de emergencias 911, lo que movilizó al personal policial.

Cómo ocurrió el accidente

El vehículo involucrado fue un Renault Clío de color azul oscuro, conducido por Candelaria Cabrera, de 23 años. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el automóvil sobre sus cuatro ruedas, con evidentes signos de haber protagonizado un vuelco.

En el rodado también viajaba un familiar de la conductora, de 39 años. Ambos ocupantes recibieron asistencia y fueron trasladados al Hospital Modular de Tolhuin para su evaluación médica.

La conductora fue derivada a Río Grande

Luego de la primera atención en Tolhuin, se dispuso el traslado de la joven conductora al Hospital Regional de Río Grande, donde recibiría asistencia médica de mayor complejidad.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias que provocaron el vuelco ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.

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Dos allanamientos en Río Grande permitieron recuperar elementos robados en distintas investigaciones

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Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre las calles Nuestra Señora del Milagro y Sarmiento, por orden del Juzgado de Instrucción N° 3. Durante los operativos se secuestraron elementos de interés para las causas y se notificó a tres personas sobre sus derechos y garantías procesales.

La Policía llevó adelante dos allanamientos en distintos domicilios de Río Grande, en el marco de investigaciones por hechos de sustracción de bienes. Ambos procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron recuperar elementos denunciados como robados, además de incorporar otros objetos de interés para las causas.

Uno de los operativos se realizó durante la tarde de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Nuestra Señora del Milagro al 300. La medida judicial estuvo relacionada con la investigación por el robo de una bicicleta, que ya había sido recuperada el pasado 4 de noviembre.

A partir de las tareas investigativas realizadas para identificar al presunto autor del hecho, se dispuso el allanamiento del inmueble, donde los efectivos lograron secuestrar distintos elementos considerados relevantes para avanzar con la causa.

En ese contexto, Mateo Albornoz fue notificado de sus derechos y garantías procesales.

Recuperaron herramientas denunciadas como robadas

En otro procedimiento, efectivos policiales intervinieron en una vivienda ubicada sobre la calle Sarmiento al 3000, también por orden del Juzgado de Instrucción N° 3.

La investigación se originó a partir de la sustracción de herramientas de una propiedad. Durante el allanamiento, los uniformados obtuvieron resultados positivos y lograron recuperar elementos que habían sido denunciados como robados.

Además, se secuestraron otros objetos que podrían tener vinculación con la investigación.

Como parte de las actuaciones, Silvana Lazarte y Adolfo Martín Guzzardo fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.

Ambos procedimientos quedaron incorporados a las respectivas investigaciones judiciales, que buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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