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Política

Tierra del Fuego: el Consejo de la Magistratura descartó avanzar contra el fiscal Bramati

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El organismo resolvió por unanimidad archivar la presentación realizada por el Inspector General Ariel Ciares, quien había cuestionado la actuación del Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte en tres investigaciones vinculadas al Servicio Penitenciario Provincial. La resolución consideró que no existían elementos suficientes para avanzar con un proceso de enjuiciamiento.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar y archivar la denuncia presentada contra el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Pablo Martín Bramati, por presuntas irregularidades y falta de imparcialidad en su intervención en tres causas penales relacionadas con integrantes y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión del pasado 10 de noviembre y quedó formalizada mediante la Acordada Nº 699, publicada en el Boletín Oficial. En su resolución, el organismo calificó la presentación como «infundada» y «jurídicamente improcedente», por lo que determinó que no correspondía iniciar un procedimiento de enjuiciamiento contra el funcionario judicial.

La denuncia había sido presentada el 19 de agosto por el Inspector General Ariel N. Ciares, quien cuestionó que Bramati no se hubiera apartado de tres investigaciones penales pese a mantener una relación convivencial y familiar con una funcionaria jerárquica del Servicio Penitenciario.

Los cuestionamientos por una posible falta de imparcialidad

En su presentación, Ciares sostuvo que la relación personal del fiscal con una integrante del Servicio Penitenciario podía comprometer su objetividad en las investigaciones.

El planteo señalaba que la pareja de Bramati había mantenido conflictos administrativos y judiciales con esa institución y que el propio fiscal, durante su desempeño como director provincial, habría dispuesto o impulsado medidas que la afectaron.

Según la interpretación del denunciante, esas circunstancias podían haber generado un malestar personal o una animadversión hacia determinados integrantes del organismo penitenciario, lo que eventualmente habría condicionado las intervenciones del funcionario judicial.

Por ese motivo, Ciares cuestionó específicamente la participación de Bramati en tres expedientes y consideró que debía haberse inhibido o, al menos, informado sobre las circunstancias personales que podían poner en duda su imparcialidad.

La presentación planteó que esa presunta omisión podía constituir mala conducta y arbitrariedad manifiesta, por lo que solicitó que el Consejo de la Magistratura investigara su actuación y evaluara la posibilidad de avanzar con un proceso de enjuiciamiento.

Por qué el Consejo decidió archivar la presentación

Al analizar el caso, los integrantes del organismo remarcaron que existe una diferencia entre los motivos que pueden justificar que un funcionario judicial se aparte de una investigación y las conductas que, por su gravedad, pueden dar lugar a un proceso de enjuiciamiento.

En ese sentido, señalaron que los mecanismos de recusación e inhibición tienen como finalidad «preservar la objetividad de las intervenciones judiciales», pero aclararon que para avanzar con un enjuiciamiento deben existir hechos de mayor gravedad, encuadrados en las causales previstas por la Constitución Provincial y la Ley 525.

El Consejo también consideró que las medidas adoptadas por Bramati guardaban relación con el objeto de las investigaciones y que las decisiones vinculadas con los planteos del Ministerio Público Fiscal habían quedado sometidas al control de los órganos jurisdiccionales competentes.

Otro de los puntos centrales de la resolución fue que no se acreditó que la pareja del fiscal tuviera una participación directa ni un interés personal, concreto y actual en las causas cuestionadas.

Para el organismo, el hecho de que la mujer integrara el Servicio Penitenciario, ocupara un cargo jerárquico o que una persona denunciante estuviera alojada en un establecimiento bajo su dirección no constituía, por sí solo, un motivo suficiente para considerar comprometida la imparcialidad del funcionario judicial.

Asimismo, entendió que los conflictos administrativos y judiciales que pudiera haber mantenido la pareja de Bramati no podían trasladarse automáticamente a toda la estructura del Servicio Penitenciario ni a sus integrantes.

No encontraron pruebas de una supuesta animadversión

En la evaluación de la denuncia, el Consejo observó que Ciares no había aportado elementos concretos que permitieran demostrar una conducta parcial o una intención del fiscal de beneficiar a su conviviente o perjudicar al denunciante.

En particular, señaló que no se habían individualizado expresiones, comunicaciones, amenazas, intervenciones por fuera de los expedientes ni actos funcionales que permitieran acreditar una supuesta animadversión de Bramati hacia integrantes del Servicio Penitenciario.

A partir de ese análisis, el organismo concluyó que no existían elementos objetivos para sostener que el fiscal hubiera actuado con parcialidad, arbitrariedad o desviación de sus funciones.

De esta manera, el Consejo de la Magistratura resolvió cerrar la actuación y archivar la denuncia, descartando la apertura de un procedimiento de enjuiciamiento contra Pablo Martín Bramati.

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Política

Vuoto presentó su último plan de obras como intendente y repasó sus 11 años de gestión en Ushuaia

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El jefe comunal dio a conocer el Plan de Obras Municipal 2026/2027 y confirmó que será el último que presente durante su mandato. En su discurso, recordó las dificultades económicas que enfrentó al asumir en 2015 y reconoció el aporte de los trabajadores municipales, los sindicatos y las empresas privadas.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, presentó este lunes 16 de noviembre el Plan de Obras Municipal 2026/2027 y anticipó que será el último proyecto de infraestructura que dará a conocer durante su gestión al frente del Municipio.

La exposición también fue una oportunidad para realizar un balance de sus tres mandatos consecutivos. Durante su discurso, el jefe comunal agradeció el acompañamiento de los trabajadores municipales, las organizaciones sindicales y las empresas privadas que participaron en el desarrollo de obras públicas a lo largo de estos años.

Vuoto hizo referencia al cierre de una etapa política y recordó las condiciones económicas que encontró al asumir en 2015, cuando, según señaló, la Municipalidad tenía una deuda de 30 millones de dólares.

“Hay ciclos que finalizan y, en este ciclo, en el que termina una etapa de este gran equipo de gabinete que siempre me ha acompañado, me parece más importante agradecer y trasladarles lo que nos ha costado”, expresó.

El reconocimiento a los trabajadores municipales y los sindicatos

Durante su intervención, el intendente destacó el rol de los empleados municipales y de los gremios, y valoró el diálogo que mantuvieron durante su administración para abordar tanto las discusiones salariales como la prestación de servicios y la ejecución de obras.

“El primer agradecimiento es para los trabajadores y trabajadoras municipales y los sindicatos, que ustedes saben que tenemos los más combativos, pero con los que nos damos la tarea de sentarnos a discutir, de profundizar y de decir: ‘Salario, pero también obras y servicios’, que es el fin básico del Estado municipal”, sostuvo.

También recordó los primeros años de su gestión y las dificultades que debió afrontar para responder a las obligaciones económicas heredadas y cumplir con los compromisos asumidos con las empresas vinculadas a la obra pública.

En ese contexto, mencionó el escenario político nacional y provincial de 2015, cuando asumió la conducción del Municipio.

“Quiero agradecer a las empresas que, cuando nos tocó asumir en 2015, tuve que ir a decirles que nos íbamos a hacer cargo -como corresponde- de una deuda que no habíamos generado, pero que íbamos a cumplir y que íbamos a salir adelante”, manifestó.

El vínculo con las empresas y la planta municipal de asfalto

Vuoto también valoró la confianza que, según indicó, depositaron las empresas privadas en el Municipio durante los distintos períodos de ejecución de obras, especialmente en las temporadas de trabajos viales.

“Les dije a las empresas que confiaran en la Municipalidad, que íbamos a cumplir, y ahí estamos. Así cumplieron y confiaron. Porque había que creer en ese momento, era un salto de fe”, recordó.

Por último, se refirió a la incorporación de la planta municipal de asfalto y explicó que su puesta en funcionamiento tuvo como objetivo complementar las tareas del sector privado, sin competir con las empresas.

En relación con el nuevo plan de obras, adelantó que los trabajos se distribuirán entre las firmas privadas y los equipos municipales. De esta manera, la presentación del programa 2026/2027 estuvo acompañada por un repaso de las principales líneas de trabajo que marcaron sus años al frente del Ejecutivo de Ushuaia.

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Política

La CGT Ushuaia marchará al Puerto y a la Legislatura para reclamar por la educación pública

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La jornada de protesta se realizará este martes 17 de noviembre. La concentración comenzará en el Puerto para rechazar su intervención nacional y continuará a las 15 desde la sede de UTHGRA hacia el Parlamento fueguino, donde se retomará el tratamiento de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

La Confederación General del Trabajo (CGT), delegación Ushuaia, convocó a una movilización para este martes 17 de noviembre, con actividades en el Puerto de la ciudad y frente a la Legislatura de Tierra del Fuego.

La primera parte de la protesta estará dirigida a expresar el rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), una medida que lleva casi diez meses.

Posteriormente, la concentración se realizará a las 15 en la sede de UTHGRA, ubicada en Monseñor Fagnano 557. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Legislatura provincial para reclamar la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo.

Reclamo por el financiamiento educativo

La movilización coincidirá con la reanudación del debate parlamentario sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Melella. El tratamiento y la votación comenzarán a las 11, luego de que la discusión quedara pendiente tras el cuarto intermedio dispuesto por los legisladores durante la última sesión ordinaria.

Desde la central sindical ratificaron su respaldo a la iniciativa y convocaron a participar de la marcha. “Marchamos hacia la Legislatura. Tierra del Fuego necesita hoy más que nunca la Ley de Financiamiento Educativo. La educación pública se defiende en las calles”, expresaron.

El encuentro previo con legisladores

La decisión de movilizarse fue adoptada luego de una reunión realizada el jueves pasado, de la que participaron los legisladores Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, Tomás García, del PJ, y Federico Sciurano, de la UCR, junto con representantes de distintos sindicatos.

Durante el encuentro se analizaron los alcances del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial y las diferentes posiciones existentes en torno a la iniciativa, que todavía debe ser definida en el ámbito legislativo.

Desde la CGT explicaron que el propósito de la reunión era conocer los argumentos de los representantes políticos y sus posturas frente a la propuesta. Además, remarcaron la relevancia de debatir una ley que, según señalaron, involucra al conjunto de la sociedad fueguina.

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Política

Tierra del Fuego destinará más de $105 millones al Fondo Residual para garantizar su funcionamiento

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El Gobierno provincial oficializó una asistencia financiera de $105.663.563,33 para el organismo creado por la Ley Provincial 478. El desembolso se realizará en cuatro cuotas mensuales, entre octubre de 2026 y enero de 2027, y estará destinado a cubrir gastos corrientes y operativos.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó una nueva asistencia financiera al Fondo Residual de la Ley Provincial 478 por un total de $105.663.563,33, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus actividades y afrontar los gastos necesarios para su funcionamiento.

La medida fue establecida mediante el Decreto Provincial 1924/26, fechado el 3 de noviembre de 2026 y publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de la normativa, se ratificó el convenio de asistencia financiera celebrado entre la Provincia y el organismo, que contempla un esquema de cuatro desembolsos mensuales y consecutivos.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Economía, Barrozo Marte, en representación del Gobierno provincial, y por el administrador del Fondo Residual, el abogado Mijail Emmanuel Álvarez.

Un desembolso dividido en cuatro cuotas

Según lo establecido en el convenio, los fondos serán transferidos de manera escalonada, con los siguientes montos:

  • Octubre de 2026: $22.422.526,48.
  • Noviembre de 2026: $22.787.094,39.
  • Diciembre de 2026: $37.037.712,22.
  • Enero de 2027: $23.416.230,24.

La primera cuota será transferida una vez ratificado el acuerdo, mientras que los desembolsos restantes deberán acreditarse entre los días 1 y 10 de cada mes.

Para concretar las operaciones se utilizará la Cuenta Corriente Recaudadora Nº 126.500/8, perteneciente al Fondo Residual y abierta en la sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.

El destino de los fondos y la situación económica del organismo

El convenio establece que el dinero deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos corrientes y operativos indispensables para el normal funcionamiento del Fondo Residual y el cumplimiento de las responsabilidades que tiene asignadas.

Entre los conceptos contemplados se encuentran las erogaciones relacionadas con su administración, además de las gestiones, diligencias y actuaciones necesarias para desarrollar sus funciones y otros gastos de naturaleza similar.

Como parte de las condiciones de la asistencia, el organismo deberá presentar ante la Provincia una rendición de cuentas dentro de los 30 días corridos posteriores a cada transferencia. El informe tendrá que detallar los gastos realizados, discriminados por concepto e importe, e incluir una descripción de las acciones llevadas adelante.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo provincial justificó el nuevo aporte a partir de la delicada situación económica que atraviesa la entidad, de carácter privado pero bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El propio administrador había solicitado la asistencia financiera al advertir sobre la falta de autosolvencia y la insuficiencia de recursos para sostener las operaciones.

El Fondo Residual fue creado para administrar y recuperar los activos, créditos y bienes que quedaron en manos del Estado tras la transformación del Banco de Tierra del Fuego (BTF) en sociedad anónima.

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