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Economía

Tierra del Fuego asumió $4.970 millones en acreencias del IPV para compensar deudas con Nación

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A través de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Instituto Provincial de Vivienda, la Provincia se quedó con los derechos de cobro por obras del programa Casa Propia. A cambio, extinguió deudas del organismo por $1.892 millones en asistencias financieras, buscando hacer valer esos créditos ante el Estado nacional.

El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó un acuerdo con el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), mediante el cual el organismo le cedió derechos de cobro contra el Estado nacional por un total de $4.970.226.415,92. Estos créditos corresponden a certificaciones pendientes de obras habitacionales encuadradas en el programa Casa Propia.

Como contraprestación por la transferencia total, definitiva e irrevocable de estas acreencias, el Ejecutivo provincial canceló deudas del IPVyH con el Tesoro provincial por $1.892.429.317,62, provenientes de convenios previas de asistencia financiera reintegrable.

El convenio fue suscripto el pasado 2 de octubre entre el ministro de Economía, Alejandro Agustín Barrozo Marte, y la presidenta del IPVyH, Laura Malvina Montes. El objetivo central de la operatoria es habilitar a la Provincia a hacer valer esos fondos ante la Nación en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (creado por el Decreto nacional 969/2024), al tiempo que el organismo de vivienda saneó sus compromisos con el erario provincial.

La diferencia de montos y el detalle de los acuerdos

Uno de los aspectos salientes de la negociación es la disparidad entre las cifras acordadas: el valor nominal de los créditos cedidos supera en $3.077.797.098,30 a las deudas extinguidas. La cláusula cuarta del texto establece de forma explícita que el IPVyH no mantendrá derecho alguno a reclamar a la Provincia saldos, compensaciones adicionales ni restituciones por ese excedente.

El detalle de los conceptos integrados en la operación comprende:

  • Acreencias cedidas (11 ítems de convenios nacionales de 2022): Proyectos de 42, 54 y 72 viviendas en Ushuaia; desarrollos de 84 y 120 soluciones habitacionales en Río Grande; y la intervención del programa Casa Activa (viviendas y espacios comunes) en la capital provincial.

  • Obligaciones extinguidas (3 asistencias financieras con sus adendas): Saldo del convenio 23.614/23 por $1.266.964.615,85; convenio 24.009/23 por $614.299.210,94; y el convenio 17.974/17 por $11.165.490,83.

Antecedentes y contexto de las obras frenadas

La estrategia de emplear créditos por infraestructura para saldar deudas públicas provinciales registra antecedentes en la gestión provincial:

  • Negociaciones previas: En junio de 2025, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, confirmó tratativas con la Secretaría de Hacienda de la Nación para sumar certificados de obra impagos al régimen de compensación mutua, contemplando un esquema para volcar luego esos recursos al IPV.

  • Demoras en giros nacionales: En febrero de 2025, Laura Montes había objetado la falta de desembolsos en el marco de un esquema de financiamiento mixto pactado en 2024, señalando que el IPVyH había rendido alrededor de $2.000 millones sin recibir el reintegro. Dichos atrasos forzaron al Instituto a reactivar obras con recursos propios y del Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.), readecuando los plazos de ejecución.

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Economía

El Gobierno modificó el RIGI: flexibilizó requisitos y amplió la participación de empresas locales

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El Decreto 1366/2026 introduce cambios en las condiciones para reconocer proveedores nacionales, habilita nuevas operaciones societarias y amplía las alternativas de financiamiento de los proyectos. La medida fue publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases, con el objetivo de ajustar su implementación y precisar las condiciones para acceder a los beneficios previstos.

Los cambios quedaron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa modifica distintos puntos del Decreto 749/2024, que regula el funcionamiento del régimen.

Nuevos criterios para reconocer proveedores nacionales

Uno de los cambios centrales establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras nacionales sin importar la nacionalidad o el lugar de residencia de sus accionistas, ni quiénes integren su capital.

En el caso de los bienes, se mantiene la obligación de acreditar el origen nacional de acuerdo con los criterios establecidos por el Mercosur.

Además, la reglamentación incorpora precisiones sobre los plazos de inversión. Los proyectos deberán establecer una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido, diferenciando esa obligación general de los desembolsos específicos requeridos para cada etapa de ejecución.

Cambios en la estructura societaria de los proyectos

El decreto también introduce modificaciones en las condiciones para realizar operaciones societarias dentro del RIGI.

A partir de ahora, se permite expresamente adquirir acciones o participaciones de empresas adheridas al régimen sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios obtenidos. Sin embargo, las adquisiciones realizadas después de la solicitud de adhesión no podrán computarse como nuevas inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.

Por otra parte, los integrantes de uniones transitorias y otros contratos asociativos podrán transferir sus participaciones o incorporar nuevos miembros. Para hacerlo, deberán informar la operación y demostrar que se mantienen los compromisos de inversión y las garantías asumidas.

La normativa también habilita a las sucursales dedicadas incorporadas al RIGI a reorganizarse y transferir la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima creada específicamente para ese propósito. La operación podrá concretarse sin perder la adhesión original ni los beneficios del régimen.

Más alternativas para financiar las inversiones

Otro de los puntos modificados está relacionado con la acreditación del ingreso de divisas destinadas al financiamiento de los proyectos.

Además de los fondos ingresados directamente por el vehículo de inversión, podrán computarse aportes y préstamos provenientes del exterior realizados por accionistas, integrantes de contratos asociativos y sociedades vinculadas.

Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al desarrollo del proyecto y quedar debidamente registrados.

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Economía

Tierra del Fuego pagará más de US$ 217 mil a Sullair por el alquiler de generadores eléctricos

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El desembolso corresponde a un mes de servicio para el Centro de Vialidad N.º 2, entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de 2026. El contrato había sido adjudicado por un período inicial de tres meses y contemplaba un costo cercano a los 800 mil dólares.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó el pago de 217.800 dólares estadounidenses a Sullair Argentina S.A. por el alquiler de equipos destinados a la generación de energía eléctrica en el Centro de Vialidad N.º 2.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 71/26 del Ministerio de Energía, publicada en la última edición del Boletín Oficial provincial. Según se detalla en la disposición, el importe corresponde a la factura B N.º 0145-00000009, emitida por la empresa.

El servicio facturado comprende un mes de utilización de los generadores, correspondiente al período que se extiende desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2026.

Un contrato que supera los 800 mil dólares

La contratación se realizó mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, cuyo pliego de condiciones fue aprobado previamente por una resolución del Ministerio de Energía. Posteriormente, a través del Decreto 1635/2026, el Gobierno adjudicó el procedimiento a Sullair Argentina S.A.

El acuerdo original entre la Provincia y la firma contemplaba el alquiler de los equipos generadores durante tres meses, por un monto que rondaba los 800 mil dólares.

Cómo se calculará el pago en pesos

La resolución establece que, aunque la factura está expresada en dólares, el desembolso se realizará en pesos argentinos. Para determinar el importe final se utilizará la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de pago.

De acuerdo con la última cotización mencionada en la disposición, los US$ 217.800 representan aproximadamente 340 millones de pesos. Sin embargo, el monto definitivo dependerá del tipo de cambio vigente al momento de concretarse la operación.

El documento también señala que el gasto tiene incidencia económica y financiera sobre el patrimonio provincial durante el ejercicio en curso y que cuenta con el correspondiente devengamiento presupuestario.

Finalmente, se instruyó a realizar el pago total de la factura a favor de Sullair Argentina S.A., con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Energía.

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Economía

RGA Alimentos cerró 2025 con ganancias y amplió su producción a seis nuevas líneas

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La empresa estatal de Río Grande registró un crecimiento real del 52,5% en sus ventas, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y redujo su pasivo total un 83%. Además, avanzó en la diversificación de su marca RGA Alimentos, incorporando nuevos rubros productivos y manteniendo aumentos de precios por debajo de la inflación.

Río Grande Activa Sociedad del Estado (RGA) presentó un balance positivo por segundo año consecutivo y consolidó su crecimiento económico y productivo. Durante el ejercicio 2025, la empresa alcanzó una facturación de $190 millones, obtuvo una ganancia de $24,7 millones y logró reducir considerablemente sus compromisos financieros.

Los resultados fueron expuestos por el presidente de la firma, Juan Pablo Deluca, ante el Concejo Deliberante, en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2027. Se trató de su tercera presentación consecutiva, en la que también detalló los avances registrados durante 2026 y la estrategia de diversificación de la producción local.

Durante su exposición, Deluca recordó que en los primeros años del proyecto existían interrogantes sobre su viabilidad económica, pero sostuvo que los resultados de los últimos balances permitieron demostrar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que el desafío actual consiste en definir el ritmo de crecimiento y expansión de la capacidad productiva.

Crecimiento económico y reducción de deudas

De acuerdo con los estados contables correspondientes a 2025, RGA facturó $190 millones, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto del período anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.

La ganancia obtenida alcanzó los $24,7 millones, equivalente al 13% de las ventas y un 60% superior a la registrada durante 2024. Otro de los indicadores destacados fue la reducción del pasivo total en un 83%, junto con la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes con proveedores.

Deluca también remarcó que los gastos operativos, el pago a proveedores y las mejoras de infraestructura fueron cubiertos con recursos generados por la propia empresa. Según explicó, durante 2025 y 2026 no se concretaron los aportes de capital que estaban previstos por parte del Municipio.

Otro aspecto señalado durante la presentación fue la evolución de los precios. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el kilo de pollo RGA registró un aumento del 25,2%, mientras que la inflación de la canasta básica alimentaria regional alcanzó el 36,9%.

Seis líneas productivas para ampliar la oferta de alimentos

Uno de los principales avances presentados correspondió al proceso de diversificación impulsado durante 2026. Frente a las dificultades logísticas para trasladar pollitos BB mediante transporte aéreo, la empresa avanzó en la consolidación de nuevas actividades productivas bajo la marca RGA Alimentos.

La estrategia permitió desarrollar seis líneas que integran a productores, pequeñas y medianas empresas e instituciones locales:

  • Producción frutihortícola y ajo violeta.
  • Frutillas fueguinas.
  • Condimentos.
  • Línea porcina.
  • Plantines productivos.
  • Biofertilizantes.

El objetivo de esta expansión es incorporar nuevos actores de la economía local y facilitar que sus productos puedan llegar a los distintos puntos de comercialización de la provincia.

Al referirse al impacto de esta política, Deluca destacó que Río Grande pasó de producir apenas el 2% de los alimentos que consumía a superar actualmente el 14%. Además, indicó que el desarrollo productivo alcanza a unas 500 unidades de producción y alrededor de 1.500 familias.

De esta manera, RGA busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción local, la incorporación de nuevos rubros y el acompañamiento a emprendedores y empresas de la ciudad, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la disponibilidad de alimentos producidos en Tierra del Fuego.

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